Esa instancia con sede en Roma, Italia, estudiará hasta el 27 de marzo unos 40 casos centrados en hechos violentos hacia grupos sociales y políticos como asesinatos selectivos, desplazamientos forzosos y persecución política.
La iniciativa judicial parte del expediente conformado para ocasión por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, que reúne a cientos de organizaciones sociales encargadas durante meses de documentar los argumentos sobre los referidos casos.
El objetivo es demostrar la existencias de prácticas genocidas como los asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros, la lenta implementación de lo suscrito en el Acuerdo de Paz de La Habana, y la responsabilidad de Estado en esos hechos.
El Estado colombiano ha sido señalado en más de una ocasión como responsable de la ola de violencia que vive el país suramericano hace décadas, unas veces de manera directa como en el llamado genocidio de la Unión Patriótica o los falsos positivos, otras por la falta de políticas efectivas contra esos y otros actos.
Los casos serán expuestos ante el TPP hoy en Bucaramanga, mañana en Bogotá y el sábado en Medellín, cada día dedicado a grupos afines como los partidos y organizaciones políticas, organizaciones sindicales, y por último a la revisión de casos históricos, entre ellos las conocidas masacres de Las Bananeras(1928) y de Las repúblicas Independientes (1964).
En las sesiones participarán 13 jueces, entre los que destacan el francés Michel Fosrst, la italiana Luciana Castellina, la nicaragüense Lottie Cunningham, la presidenta de la Fundación Frantz Fanon, Mireille Fanon, y el sacerdote mexicano Raúl Vera.
La víspera casi una veintena de congresistas colombianos enviaron una misiva al presidente Iván Duque y otras autoridades de su gobierno para que consideren la participación activa del Estado en el proceso, y así compartir la verdad con las víctimas sus familiares y comunidades afectadas.
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