Sus representantes votaron en contra del dictamen prospectivo de una Comisión de Expertos que se enviará al parlamento y recibió también objeciones de participantes del Frente Amplio.
En documento conjunto la gremial de trabajadores y Onaijpu cuestionaron que ‘el diagnóstico prácticamente no aborda el bajo nivel general que presentan los salarios, una realidad que impone una restricción no solo a los recursos disponibles, sino también a las futuras prestaciones de pasividad’.
Para ambas fuerzas sociales esto ‘desemboca en la necesidad de complementos a mínimas de niveles dignos para un significativo número’.
Sustentaron críticamente que al abordar la sostenibilidad económica el incremento del gasto previsional debe plantearse en términos de la población que atiende,’ ya que no es lo mismo gastar el nueve por ciento del Producto Interior Bruto en 750 mil personas que el 0,9 en 50 mil personas’.
Con esta última cifra aludieron a la Caja Militar de Retiro cuyo alto costo ‘no se señala con el debido énfasis’ y afirman que hay ‘una falta de contundencia para denunciar y calificar de inaceptables las enormes asimetrías y privilegios que desde hace muchas décadas rigen en el sistema previsional castrense’. Las discrepantes organizaciones sociales marcaron serias diferencias respecto al capítulo del régimen de Administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP) ya que el diagnóstico no parece reconocer el fracaso del diseño del sistema en varias de sus dimensiones.
Señalaron que las AFAP tienen ganancias extraordinariamente altas en detrimento del ahorro de los trabajadores, e incluso previo a regularse las comisiones que cobran, su lucro fue desproporcionadamente alto, con niveles de resultado que llegaron a representar entre 60 y 100 por ciento del patrimonio, en ‘guarismos incomparables’.
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