Acciones de inconstitucionalidad presentadas antes no suspenden la aplicación de la Ley, explicó el funcionario en declaraciones a Bolivia Tv, donde reiteró el llamado a la liquidación de lo establecido a quienes cuentan con un patrimonio mayor de 30 millones de bolivianos (casi cuatro millones y medio de dólares).
El anterior ejecutivo de Impuestos Nacionales prácticamente era empleado de Luis Fernando Camacho, principal cabecilla de la asonada golpista de noviembre de 2019, y lo primero que hizo fue prescribir deudas del exlíder cívico y empresario santacruceño, remarcó.
Actualmente hay personas detenidas relacionadas con una investigación sobre este caso y continuaremos dando los pasos necesarios para profundizar en las afectaciones al Tesoro General de la Nación, así como identificar todos los responsables, advirtió Morales.
Bolivia enfrenta una de las peores crisis económicas en décadas debido a la mala gestión durante casi un año del Ejecutivo de facto encabezado por Jeanine Áñez, a la que se suman los daños de la pandemia de la Covid-19.
Ya desde la campaña electoral previa a las elecciones de noviembre de 2020, el presidente Luis Arce planteó el impuesto a los grandes caudales personales como forma de contribuir a mejorar los ingresos de quienes tienen menos recursos, además de generar mayor equilibrio y equidad entre los contribuyentes.
El 28 de diciembre de ese año, un mes y 20 días después de asumir el cargo, emitió la norma 1375 que regula el impuesto tomando en cuenta descuentos promedios por los bienes en propiedad o en posesión del sujeto pasivo.
Entre el 2010 y el 2018, gracias a las políticas del Movimiento al Socialismo, la economía boliviana creció anualmente por encima del cuatro por ciento y en 2016 alcanzó un pico de 6,7.
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