Los manifestantes criticaron la inercia en las actuaciones judiciales, después de un primer impacto cuando se desató el escándalo tras un informe parlamentario, el cual recogió confidencias y pruebas testimoniales de maltratos y hasta violaciones sexuales en albergues de niños bajo gerencia privada o de organizaciones benéficas.
La diputada suplente de la bancada independiente Walkiria Chandler, sostuvo a medios locales de prensa, que ‘preocupa mucho el manejo político’ al caso, aseveró que hay personas importantes involucradas y se preguntó cómo la Fiscalía no actuó contra ellos, dijo según un reporte del canal Telemetro.
Las diligencias del Ministerio Público (MP) alcanzaron a principios de marzo a 56 hogares de infantes e instituciones afines donde hicieron inspecciones oculares, mientras avanzan 18 investigaciones por presuntos delitos de maltratos físicos, psicológicos y hasta abusos sexuales a una veintena de menores.
El MP imputó a seis personas relacionadas con el expediente por delitos sexuales, maltrato a menores y peculado o malversación, todas ellas ‘mandos bajos’, dijo la diputada, quien es una de las redactoras del informe de la Asamblea Nacional que desató las actuaciones.
Otro acusado por actos libidinosos y corrupción de menores en perjuicio de una niña de 12 años, ocurridos en 2018 en un albergue de la provincia caribeña de Colón, recibió un fallo de culpabilidad y se espera que un juez dicte la sentencia por este caso en el que la Fiscalía pidió 21 años de prisión.
Aunque las denuncias son de vieja data, a mediados de febrero se conoció de la investigación realizada por el grupo legislativo, que tras medio centenar de testimonios y una investigación que duró seis meses, denunció ‘evidencias concretas de abusos, violencia y maltratos físicos a niños, niñas y adolescentes’ en refugios para infantes.
Esos hospedajes acogen a menores de edad que provienen de hogares vulnerables socialmente o en situaciones de pobreza extrema y están bajo la supervisión de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, entidad pública multisectorial.
El asunto trascendió las fronteras panameñas y obligó al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia a expresar su ‘profunda preocupación’ por las denuncias, instó a las autoridades a una rápida investigación y recordó que los infantes en los albergues están bajo ‘protección especial del Estado’.
Esa institución también pidió no dilatar más una ley que garantice la protección integral de la niñez y la adolescencia, lo cual fue varias veces recomendado por el Comité de los derechos del Niño, y al mismo tiempo ‘emplazó’ al Gobierno a proceder con ‘carácter de urgencia’ en el sistema de protección a los más jóvenes.
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