La medida, explicó el también presidente del Partido Popular Democrático (PPD), incluye además a los jefe de agencias gubernamentales que implementen política pública como una forma de frenar ‘el mal de la corrupción gubernamental’.
‘Cuando se confunde la gestión gubernamental con las actividades partidistas o de proselitismo político y se utiliza el ente gubernamental y los recursos del pueblo con esos fines o propósitos, se lacera demasiado la democracia y la fe del pueblo en sus instituciones’, argumentó.
El presidente senatorial recordó que actualmente existe una limitación para cuatro funcionarios gubernamentales: Justicia, Educación, Policía y Hacienda.
Consideró que tal prohibición resulta insuficiente como cortapisa a la corrupción gubernamental en el país, ya que recientemente se han utilizado jefes de agencia para recaudar y financiar partidos políticos y candidatos.
‘Aunque la honestidad y los valores deben ser parte esencial de cada funcionario, es importante legislar para que quede meridianamente claro que la participación de estos funcionarios en los asuntos político partidistas estará prohibida en todo momento, sin excepciones ni excusas’, indicó.
Dalmau consideró que el gobierno debe contar con funcionarios públicos honestos y dedicados a administrar la cosa pública sin presiones, amenazas o interferencia de los intereses político partidistas.
‘La función de gobernar no tolera el desvío de dinero y el uso de las facultades y accesos de cada ente administrativo de gobierno para campañas en vez de para cambiar las vidas de nuestra gente’, expuso al reclamar que la transparencia no puede tener matices ni excepciones.
La propuesta del presidente del Senado surge a raíz de las imputaciones por corrupción contra la expresidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, Sandra Torres, como parte de un esquema en la política de Puerto Rico.
Torres fue acusada la semana pasada de aprovechamiento ilícito de trabajos y servicios públicos y por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, con el propósito de obtener beneficio para la reelección del derrocado gobernador Ricardo Rosselló, mediante el reclamo de aportes económicos a empresas de telecomunicaciones.
En este caso, la contratista Katherine Erazo se libró de ser imputada junto a la exfuncionaria al convertirse en testigo del Fiscal Especial Independiente (FEI), lo que llamó sumamente la atención dado su vínculo familiar con políticos del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), además de ser la suegra de Elías Sánchez, exdirector de campaña de Rosselló.
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