Al mismo tiempo, analistas políticos señalaron el proceso en su contra como principal obstáculo a las ambiciones presidenciales de Fujimori y plantearon que la candidata debe comprometerse a que, si llegara al Gobierno, se mantendrá el equipo anticorrupción de fiscales que integra Pérez.
Este consideró insólito que una persona a punto de ser juzgada por lavado de activos y otros delitos sea elegida presidenta de la República en la segunda vuelta electoral del 6 de junio próximo, cuando enfrentará al ganador de la primera ronda, el izquierdista Pedro Castillo.
Dijo que también le preocupan su familia, los involucrados en denuncias contra Fujimori, como los fiscales, testigos y colaboradores eficaces, estos últimos suministradores de información de importancia clave para el proceso.
Por lo pronto, agregó, si Fujimori llegara a la Presidencia el proceso en su contra, en manos de un juez y a la espera de que este lo inicie, tendrá que mantenerse pendiente hasta que termine el periodo en el cargo, en 2026, porque la acusada tendría inmunidad.
Según Pérez, Fujimori y su partido ‘han incurrido en conductas contra el normal desarrollo de un proceso penal’, al manipular y presionar a testigos, interferir en las investigaciones y usar el poder político como obstáculo de las pesquisas.
Consideró además como una amenaza con fines intimidatorios un reciente video en el cual Fujimori lo acusa de actuar políticamente en su contra y advierte que lo va enfrentar.
Por otra parte, el politólogo Arturo Maldonado señaló que uno de los principales pasivos de la candidata es su situación judicial, por lo que, dijo, debe fijar su posición ante sus problemas de ese tipo.
‘Va a ser necesario saber cuál es su posición respecto a la fiscalía y sobre todo al Equipo Especial (anticorrupción), si los va a dejar trabajar tranquilos o si está pensando en hacer un cambio de alguna manera’, comentó.
Para la analista Denisse Rodríguez, Fujimori debe pronunciarse antes de la segunda vuelta, a realizarse el 6 de junio próximo.
La parlamentaria electa Sigrid Bazán, del bloque de izquierda Juntos por el Perú, aseguró que la candidatura de Fujimori tiene el objetivo principal de salvarse de ser juzgada y de ir a prisión.
El fiscal Pérez acusa a Fujimori de delitos de lavado de activos, por recibir ocultamente millones de dólares para sus campañas electorales de 2011 y 2016 y enmascararlos como si fueran muchos pequeños falsos aportes de ciudadanos, de obstaculizar a la justicia y de encabezar una organización criminal.
La acusación incluye a otros 39 inculpados, entre ellos, su esposo norteamericano, Mark Vito, para quien pide 22 años de cárcel, y varios integrantes del que fuera su entorno partidario, quienes según Pérez merecen la misma pena que Fujimori.
Además, pide la disolución del partido fujimorista, Fuerza Popular, porque fue convertido en una organización criminal.
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