Las acciones pacíficas de la huelga se mezclaron con agresiones de individuos inescrupulosos, que sabotearon edificios públicos y estaciones de ómnibus, quemaron vehículos y causaron la muerte de una persona en Cali.
Esa ciudad occidental registró ataques por los que fueron detenidos unos 30 ciudadanos, violencia contra militares y graves problemas de orden público, según el ministro del Interior, Daniel Palacios.
El Paro convocado por las centrales obreras rechazó las medidas impositivas del llamado proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible anunciado por el presidente Iván Duque para financiar la crisis generada por la Covid-19.
Las protestas repudiaron el incremento del Impuesto al Valor Agregado, la instalación de peajes urbanos y la modificación del artículo 424 del Estatuto Tributario que fija el régimen de exentos, previstos en el proyecto oficial.
Los huelguistas reaccionaron también contra la crisis económica y sanitaria y las masacres y asesinatos de líderes sociales, defensores de la paz y los derechos, y ex guerrilleros signatarios del Acuerdo de Paz de 2016.
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