‘Conforme establece la Ley 044 tenemos 20 días más para continuar colectando indicios que permitan construir una teoría del caso y presentarla a la Asamblea Legislativa Plurinacional una vez que alcancemos resultados’, detalló el secretario de ese organismo del Estado, Edwin Quispe.
Cualquier acción pública debe cumplir los requisitos formales para que se sujete a principios de legalidad establecidos, agregó la autoridad.
La Fiscalía General admitió el pasado 23 de marzo el inicio de investigaciones en tres de cuatro acusaciones para juicios de responsabilidades contra la exmandataria de facto.
Entonces descartó la denuncia relacionada con la aprobación del Decreto Supremo 4356, del 29 de septiembre de 2020, que extendió la concesión del Registro de Comercio por 15 años adicionales a Fundempresa.
Aceptó los casos de préstamo inconstitucional del Fondo Monetario Internacional (FMI), violación de la libertad de expresión en la cuarentena por la Covid-19 y violación de los derechos humanos de bolivianos impedidos de ingresar a su territorio desde Chile en 2020.
El primero se refiere a un préstamo de más de 300 millones de dólares, solicitado al FMI sin el aval legislativo correspondiente, y que representó el pago de más 24 millones de dólares sin haber utilizado el monto.
La segunda denuncia vincula la presunta vulneración de la libertad de expresión, pues con el Decreto Supremo 4200 se usó la Covid-19 de pretexto para penalizar la disidencia y otras libertades y derechos de miles de personas.
La siguiente solicitud de juicio de responsabilidades admitida provino de quejas de nacionales, quienes durante semanas fueron impedidos de retornar a su patria y permanecieron en condiciones inhumanas en la frontera con Chile en medio de la primera ola de la pandemia.
El procedimiento contempla que hasta tan tanto el Tribunal Supremo de Justicia remita luego el pedido a la Asamblea Plurinacional, la Cámara de Diputados funge como Ministerio Público y el Senado de Tribunal, en una sentencia que requerirá dos tercios de los votos.
Áñez se encuentra detenida desde el 17 de marzo de modo preventivo por seis meses acusada de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, mientras también deberá enfrentar estos procesos por hechos cometidos cuando ejercía la administración del país.
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