De acuerdo con el funcionario encargado de Asuntos Electorales y Relación con Partidos Políticos, las nuevas tarjetas producidas por la empresa alemana Dermalog cuentan con un número de identificación única, que no varía aunque el titular declare su pérdida.
Esto podría mitigar los problemas de los comicios de 2015, cuando un número indeterminado de votantes se inscribió varias en las listas electorales.
En ese momento casi tres millones de ciudadanos carecían de un certificado de nacimiento, lo que obligó al Estado a aceptar que los potenciales votantes sin identificación, fueran acompañados de dos testigos para obtener su documento electoral. La práctica abrió camino a numerosos fraudes, subrayó Pierre.
El excandidato presidencial en esa misma contienda señaló que el sistema empleado actualmente por la compañía europea es fiable. ‘Con la huella dactilar, el iris, la fotografía digital, la firma y los datos biométricos, es difícil hacer trampas’, aseguró a una radio local.
Hasta el lunes pasado poco más de 4,5 millones de ciudadanos estaban inscritos en la Oficina de Identificación Nacional, y de ellos casi el 80 por ciento recibió sus tarjetas de identidad.
No obstaste, en los últimos tres años crecieron las críticas de organizaciones sociales al contrato entre el Estado y la firma alemana, por su presunta ilegalidad y denuncias de corrupción.
Varias voces pidieron al Gobierno desestimar los documentos emitidos por Dermalog, cuyo acuerdo no contó con la aprobación de la Asamblea Nacional, y además recibió dos informes desfavorables del Tribunal de Cuentas, institución encargado de fiscalizar al sector público.
A pesar de las críticas, las autoridades aspiran a proveer de tarjetas de identidad a la mayoría de la población con derecho al voto antes de septiembre próximo, cuando se efectuarán los comicios generales, legislativos y locales.
Este proceso también recibe rechazo de partidos opositores, plataformas sociales, gremios sindicales, jueces y otros actores, para los cuales el presidente Jovenel Moïse gobierna de facto desde el 7 de febrero pasado, al vencerse su mandato constitucional.
En este escenario señalan que carece de legitimidad para impulsar un cambio constitucional y organizar sufragios.
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