El decreto ejecutivo para crear la UPAD fue firmado en octubre de 2019 por Alvarado y los ministros de la Presidencia, Víctor Morales, e interino de Planificación, Daniel Soto, y publicado en febrero de 2020 en el diario oficial La Gaceta.
La revelación poco después de que ese equipo estaría ya trabajando provocó gran revuelo en Costa Rica y el rechazo inmediato de casi todos los sectores, que coinciden en calificarlo de violatorio de las libertades individuales, persecución e inconstitucional, al tener acceso a información confidencial de los ticos, algo ilegal en este país.
Por ello, el decreto ejecutivo fue derogado cuatro días después de publicado en La Gaceta y el 28 de febrero de 2020, por primera vez en la historia de este país, Casa Presidencial fue allanada por agentes del Organismo de Investigación Judicial y del Ministerio Público.
Los agentes recabaron pruebas contra los integrantes de la UPAD y hasta contra el propio mandatario, a quien le confiscaron dos celulares y la computadora de trabajo, pues la Fiscalía General le imputa los delitos de prevaricato, violación de datos personales y abuso de autoridad.
De su lado, el Legislativo acordó hace un año crear una Comisión Investigadora para estudiar el caso UPAD, pero este grupo parlamentario carece de facultad para concluir si fue o no legal el surgimiento de la UPAD, así como tampoco puede interpelar al presidente de la República, pues ese acto es inconstitucional en Costa Rica.
No obstante, Alvarado accedió a comparecer y sostuvo que lo hacía pensando exclusivamente en la ciudadanía y con la intención de dar las explicaciones requeridas, algo que concretó el 10 de febrero pasado.
Durante las ocho horas en que respondió interrogantes de los legisladores sobre la creación y trabajo de la UPAD, Alvarado siguió al pie de letra su guión de que toda la labor de ese equipo fue para crear mejores políticas públicas por el bienestar de los ticos.
‘Finalizo esta jornada con la paz y tranquilidad de que hoy le rendí cuentas a las y los costarricenses y que lo dicho es la verdad: nadie espió a nadie, nadie se robó plata, nadie vendió información’.
En su fallo de hoy, solo votado en contra por la diputada del gubernamental Partido Acción Ciudadana Carolina Hidalgo, los demás integrantes de esa Comisión Especial consideran que el decreto de creación de la UPAD es ‘inconstitucional, ilegal y con fundamentación legal errónea para formalizar la fundación y operación’ de ese grupo.
Esa decisión pasará ahora a análisis y votación por el Plenario Legislativo en los próximos meses.
jha/ale
