Ese grupo parlamentario integrado por siete diputados recibió las propuestas para la posterior elección de los cargos de magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) y elaboró un dictamen, que a principios de la próxima semana someterá a la consideración del pleno del Legislativo.
Como resultado de su labor la Comisión elaboró una lista de 44 candidatos, de los cuales saldrán los siete magistrados propietarios y los tres suplentes del CSE.
En su informe ese grupo de trabajo consideró que todos los candidatos presentados reúnen los requisitos establecidos en la Constitución Política de Nicaragua para optar al cargo de magistrados del CSE, explicó la diputada Auxiliadora Martínez.
El CSE que debe ser elegido a principios de la próxima semana por el pleno del parlamento será el encargado de dirigir y fiscalizar el proceso de los comicios generales convocados para el 7 de noviembre venidero.
En esa consulta, los nicaragüenses votarán por la fórmula presidencial, 92 diputados a la Asamblea Nacional y 20 al Parlamento Centroamericano.
A la par el grupo parlamentario desarrolló un proceso de consultas referidas al proyecto de reforma de la Ley Electoral, en las cuales participaron los partidos políticos con personería jurídica en este país centroamericano.
El diputado Edwin Castro, jefe de la bancada del gobernante Frente Sandinista (FSLN) en la Asamblea Nacional, destacó la importancia de ese ese paso durante el cual las organizaciones políticas realizaron sus aportes a la modificación del cuerpo legal.
Un punto esencial de la propuesta se refiere a incorporar al texto reformado de la actual Ley 331 la prohibición a partidos políticos, alianzas entre ellos y a candidatos recibir financiamiento directo o indirecto del exterior, de ninguna índole, bajo ningún concepto y fin.
La nueva legislación considerará como delito electoral la intervención personal, o mediante terceros, de extranjeros residentes o de tránsito en el país en los asuntos políticos de Nicaragua.
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