Un comunicado, respaldado por Nodo Costa Rica-Colombia Humana, la Asociación de víctimas Ecos de Colombia- Migración y Refugio, y el Comité de Solidaridad con las Víctimas de la Violencia en Colombia, entre otras, exige respeto al derecho a la protesta y a la libre expresión del pueblo colombiano.
‘Hacemos un llamado urgente y vehemente al mundo entero a respaldar el justo clamor que encarna el inconformismo popular’, subraya el texto de las organizaciones solidarias ticas.
Afirma que las expresiones ciudadanas, gremiales, sindicales y políticas, que de manera contundente se evidencian en las calles y campos de Colombia, son producto de fundadas razones, desatendidas y/o burladas por el presidente Iván Duque y por el Ejecutivo Nacional de manera reiterada y sistemática.
A pesar de que el presidente Iván Duque anunció que retiraría el proyecto de la Reforma Tributaria, también ordenó sacar el Ejército a las calles para reforzar, junto con la policía, la contención a la protesta social, señala el texto.
Esta militarización del país, detalla, corresponde una nueva vulneración al orden constitucional y legal, y genera nuevos riesgos para el ya deteriorado clima de violaciones colectivas al derecho a la vida, la libertad, la integridad.
Según la ONG TEMBLORES, refiere el comunicado, este 3 de mayo dejó un saldo de 21 personas asesinadas, 208 heridas, 18 con mutilación por lesiones oculares, 10 casos de violencia sexual y violencias basadas en género.
Asimismo, prosigue, al menos 672 detenciones arbitrarias y 42 agresiones intencionales a defensores/as de derechos humanos o reporteros independientes que denunciaban o trataban de poner fin a estos atropellos.
‘Reclamamos con urgencia la ayuda de la comunidad internacional para que impulse acciones de vigilancia y monitoreo de la grave crisis humanitaria que padece la población colombiana como consecuencia de la falta de implementación de los compromisos asumidos en virtud del Acuerdo de Paz’, indica.
En especial, prosigue, para solicitar al Estado colombiano poner fin a las vulneraciones de derechos humanos derivados del trato represivo a la movilización y la protesta social.
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