Señaló que ese es el objetivo del pedido de nulidad del cierre de la investigación de más de dos años del fiscal José Pérez, quien acusa a Fujimori y 41 coacusados de lavado de activos, obstaculización de la justicia y organización criminal.
También dijo que la solicitud al juez Víctor Zúñiga es ilegal y forma parte en ‘una conducta sistemática dilatoria obstructiva’ y no respeta la autonomía del Ministerio Público, cuyo representante, el fiscal, dirige la investigación y determina su inicio y terminación.
Vela, coordinador del equipo de investigación de sobornos y financiamientos electorales de empresas a políticos peruanos, añadió que espera que el juez rechace el pedido porque si no sentaría un grave precedente contra la autonomía del Ministerio Público.
Reveló que otros acusados en el caso piden actos de investigación redundantes e innecesarios y defendió la potestad del fiscal Pérez de analizar las solicitudes y dar por terminada la investigación, cuando tiene toda la prueba de cargo que sustente su acusación.
El juez Zúñiga verá las solicitudes el viernes próximo y, si decide rechazarlas e instala el proceso, este se ventilará en plena campaña de la neoliberal Fujimori por el balotaje presidencial que disputará el 6 de junio próximo frente al izquierdista Pedro Castillo.
Entre los 41 imputados figura el esposo norteamericano de la candidata, Mark Vito, y el fiscal pide para los demás los imputados penas de cárcel de seis meses a 30 años, según su grado de responsabilidad.
También están acusados exministros como Jaime Yoshiyama, señalado por Odebrecht como receptor de un millón de dólares, y dirigentes que integraban la cúpula del partido fujimorista, Fuerza Popular, como Pier Figari, Ana Herz, Vicente Silva Checa y el actual director del Banco Central, José Chlimper.
La acusación de Pérez incluye al partido Fuerza Popular, cuya disolución pide por considerarlo que se convirtió en instrumento para cometer delitos del crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración.
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