¡No queremos ninguna reforma tributaria! y por las víctimas asesinadas en medio de las protestas constituyen algunas de las consignas que enarbolarán los manifestantes del Plantón por Colombia, indica el cartel-convocatoria.
Este martes, las agrupaciones sociales respaldaron un comunicado que denuncia los graves hechos que afectan social, política y económicamente a Colombia, lo cual -afirma- amerita una atención e intervención urgente de organismos internacionales competentes.
Respaldado por Nodo Costa Rica-Colombia Humana, la Asociación de víctimas Ecos de Colombia- Migración y Refugio, y el Comité de Solidaridad con las Víctimas de la Violencia en Colombia, entre otras, el texto exige respeto al derecho a la protesta y a la libre expresión del pueblo colombiano.
‘Hacemos un llamado urgente y vehemente al mundo entero a respaldar el justo clamor que encarna el inconformismo popular’, subrayó el texto de las organizaciones solidarias ticas.
Afirmó que las expresiones ciudadanas, gremiales, sindicales y políticas, que de manera contundente se evidencian en las calles y campos de Colombia, son producto de fundadas razones, desatendidas y/o burladas por el presidente Iván Duque y por el Ejecutivo Nacional de manera reiterada y sistemática.
A pesar de que el presidente Iván Duque anunció que retiraría el proyecto de la Reforma Tributaria, también ordenó sacar el Ejército a las calles para reforzar, junto con la policía, la contención a la protesta social, señala el texto.
Esta militarización del país, detalla, corresponde una nueva vulneración al orden constitucional y legal, y genera nuevos riesgos para el ya deteriorado clima de violaciones colectivas al derecho a la vida, la libertad, la integridad.
‘Reclamamos con urgencia la ayuda de la comunidad internacional para que impulse acciones de vigilancia y monitoreo de la grave crisis humanitaria que padece la población colombiana como consecuencia de la falta de implementación de los compromisos asumidos en virtud del Acuerdo de Paz’, indica.
En especial, prosigue, para solicitar al Estado colombiano poner fin a las vulneraciones de derechos humanos derivados del trato represivo a la movilización y la protesta social.
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