En la zona de Fontamara y Martissant, que une a Puerto Príncipe con otros cinco departamentos, los residentes erigieron barricadas de neumáticos en llamas y limitaron el tráfico de los vehículos.
Denuncian especialmente el plagio del notario Alex Démosthène, retenido contra su voluntad desde el 21 de abril, cuando individuos no identificados lo secuestraron en las afueras de su bufete en el centro de la capital.
En respuesta dos días después las notarías de las 18 jurisdicciones del país cerraron sus puertas y criticaron al Gobierno su responsabilidad ante la lista cada más creciente de actos violentos contra la población vulnerable.
Movimientos de protestas se multiplicaron en los últimos meses, mientras crece la cifra de personas secuestradas, la mayoría en la capital y sus alrededores.
A finales de abril la misma zona estuvo paralizada tras el rapto del funcionario local Wilkens Dicette, quien permaneció más de dos semanas en manos de sus captores y fue liberado tras el pago de rescate.
Otras movilizaciones impidieron el acceso a áreas cercanas al Palacio Nacional, para demandar el regreso de un vecino, mientras estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad Estatal de Haití, salieron a las calles tras el plagio de su colega Youry Valery Léonard.
En la mayoría de los casos, los familiares pagaron sumas exorbitantes para la liberación de las víctimas, al tiempo que el Gobierno culpa a la tensión política por el auge de este fenómeno.
‘Todo el mundo es consciente de la dimensión política, pero no pueden documentarla’, aseguró el primer ministro interino, Claude Joseph, y criticó a quienes usan esta práctica para eludir las urnas.
Las organizaciones sociales y partidos políticos opositores, en cambio, sugieren que el Gobierno se alió con bandas armadas para atacar a sus adversarios.
Pierre Esperance, director de la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, aseguró que el poder alimenta las pandillas con armas, municiones y financiamiento, y les da vía libre para secuestrar a ciudadanos con el fin de crear una psicosis de miedo generalizado, que permita la realización del referendo y las elecciones generales.
Mientras Gobierno y oposición se culpan por el aumento de la inseguridad, casi 250 personas fueron secuestradas en la capital de Haití en lo que va de año, reveló recientemente el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos.
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