Se trata de 11 integrantes del denominado Grupo de Amigos Personales (GAP) del mandatario socialista, que fueron detenidos desaparecidos o ejecutados ilegalmente por efectivos de las fuerzas golpistas tras la asonada del 11 de septiembre, bajo el mando de Augusto Pinochet (1973-1990).
El tribunal determinó que no procede la prescripción de esos crímenes, pues se trata de delitos de lesa humanidad, y ordenó al fisco desembolsar mil 225 millones de pesos chilenos (alrededor de un millón 738 mil dólares al cambio actual) a favor de las madres, cónyuges, hijos, hermanos y sobrinos de las víctimas.
El GAP estaba integrado esencialmente por alrededor de un centenar de militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario y el Partido Socialista los cuales tenían como misión esencial resguardar la seguridad del presidente Allende.
Sus miembros fueron de las pocas personas que permanecieron junto a Allende en el palacio de La Moneda cuando el mandatario decidió que todos los funcionarios abandonaran la casa de gobierno ante el inminente ataque de las tropas golpistas. Según testimonios, al menos 30 de ellos fueron detenidos y asesinados de inmediato o en días posteriores al golpe.
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