Según la procuradora general, Miriam Germán, desde que ella asumió las riendas de esa institución, más de 100 procesos por corrupción han sido abiertos, pero las joyas de la corona, son los ya mencionados por su envergadura y relación con las altas esferas del gobierno anterior.
La Operación Antipulpo ocurrió en el pasado mes de diciembre y en estos momentos los implicados cumplen medidas de coerción, pero lo más significativo es que casi todos están vinculados de una u otra forma con el expresidente Danilo Medina, incluidos dos de sus hermanos .
Para el Ministerio Público, Alexis Medina es el líder de un entramado social que defraudó al Estado millones de pesos.
En cuanto a la Operación Caracol, llevada a cabo en febrero, se trata de un proceso en el cual están involucrados antiguos miembros de la Cámara de Cuentas.
En este caso los delitos imputados son obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción.
Hasta la fecha, ninguno de los implicados en el caso han sido apresados, pero las investigaciones continúan.
Y de la que se habla ahora con fuerza es la Operación Coral, efectuada hace dos semanas, en la cual los seis imputados son acusados de un supuesto entramado religioso-militar en desfalco del Estado.
El próximo lunes será dada a conocer la medida de coerción, luego de que la Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva y pidió declarar el caso complejo.
La mencionada operación tiene como centro al mayor general Adan Cáceres, quien fuera jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, y actual titular de la escolta de Medina.
Pero están también involucrados el coronel Rafael Núñez de Aza, el mayor Raúl Alejandro Girón, Rossy Guzmán (la Pastora), el sargento de la Armada Alejandro José Montero y el cabo Tanner Antonio Flete, hijo de Guzmán.
El pasado viernes, la procuradora Yenni Berenice, solicitó variación de la medida al imputado Girón y pidió arresto domiciliario e impedimento de salida del país, luego de que este aceptara su culpabilidad en los hechos y reveló datos de cómo funcionaba la supuesta red de corrupción.
Coral se complica por día y sumó a personas que sorprenden a la ciudadanía, tales son los casos del exjefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Félix Alburquerque, y el del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), general de Brigada, Juan Carlos Torres.
En el caso de Torres, el Ministerio Público ve de manera sospechosa el alquiler de un apartamento por tres mil dólares mensuales para usarlo ‘esporádicamente’, al menos así se plasmó en la solicitud de medida de coerción solicitada para el militar, sin embargo, Girón denunció que esa vivienda es propiedad del imputado.
La situación de Alburquerque es diferente, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) le atribuye, entre otras cosas, vínculos con la entidad Asociación Campesina Madre Tierra, de la cual recibió un depósito la DNCD, sin existir registros del pago.
La Pepca dio a conocer entre los elementos más importantes del caso, que el mayor general nombró a cientos de policías y militares en el Cestur y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial y les pagaba sueldos con el acuerdo de recibir hasta el 80 por ciento.
Otra de las modalidades a través de la cual la red obtenía fondos fue mediante las cuotas que debían entregar distintas unidades y organismos de seguridad del Estado.
Las operaciones Coral, Antipulpo y Caracol, son tres procesos anticorrupción en marcha sobre los cuales la ciudadanía mantiene la atención por su envergadura y ramificaciones, y espera que al final de la contienda, la justicia se imponga.
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