Así reportó este jueves la cadena televisiva CNN, que describió cómo tal escenario puede ir en contra de los esfuerzos del mandatario demócrata para impulsar nuevas propuestas legislativas.
Biden indicó hoy que la inflación y la especulación a raíz del ataque informático contra el Oleoducto Colonial es algo temporal y llamó a la calma.
Esperamos que la situación comience a mejorar para el fin de semana y principios de la próxima, y que los suministros de gasolina vuelvan a estar en línea, pero las compras de pánico solo retrasarán el proceso, expresó desde la Casa Blanca.
También advirtió a los proveedores contra el aumento de los precios y de cualquier intento de aprovecharse de los consumidores en estos momentos, cuando muchas personas hacen largas filas para adquirir combustible.
Si bien el ciberataque contra el oleoducto no afectó el suministro, sí provocó una avalancha de compras de pánico y esto provocó escasez de gas en varios estados, señaló CNN.
A juicio del presidente estadounidense, eso era precisamente lo que querían ocasionar quienes agredieron esa red.
Este ataque se produjo, además, cuando los reportes económicos muestran aumento en la inflación y el informe de empleo mensual de la semana pasada reflejó agitación en el mercado laboral.
De acuerdo con funcionarios de la administración Biden, estos son elementos esperados de una economía que emerge de una crisis catastrófica relacionada con la pandemia de Covid-19, mientras hay un incremento de la demanda a medida que los estadounidenses regresan a la nueva normalidad.
Pero los republicanos consideran las cifras de inflación como una señal de que las políticas económicas del presidente norteamericano están fallando.
Según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, los economistas de la administración, incluidos los de la Reserva Federal, anticiparon estallidos inflacionarios a corto plazo que retrocederán a medida que la economía se recupere.
Este panorama en general suma más presiones presiones a Biden, inmerso en negociar con la fuerza roja para promulgar una nueva legislación sobre temas de infraestructura, la cual supondría unos cuatro billones de dólares de nuevos gastos.
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