Los argumentos orales del jueves se presentarán de forma virtual, y en el panel estarán los jueces Matthew Johnson, Theodora Gaitas y Renee Worke, quienes tendrán 90 días para tomar una decisión sobre la base de una moción relacionada en el caso del exoficial Derek Chauvin, declarado culpable de matar a Floyd.
Está previsto que los exoficiales Thomas Lane, J. Kueng y Tou Thao enfrenten un juicio el próximo marzo, pero los fiscales quieren agregar un cargo adicional de complicidad en asesinato en tercer grado.
Floyd, de 46 años, murió el 25 de mayo de 2020, después de que Chauvin lo inmovilizara contra el suelo con una rodilla en el cuello durante nueve minutos y 29 segundos, mientras el hombre repetidamente decía que no podía respirar.
En el incidente, grabado por un testigo en un vídeo que se hizo viral, Kueng se arrodilló sobre la espalda de Floyd y Lane sujetó las piernas de la víctima, mientras Thao impedía el paso a los transeúntes.
Tras varias semanas de juicio, Chauvin fue condenado en abril pasado por asesinato no intencional en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario y está a la espera de la sentencia del juez.
En la misma causa están los cuatro exoficiales, quienes enfrentaron una acusación federal de violar los derechos civiles de Floyd.
El caso de la fiscalía contra Chauvin contó con 38 testigos que intentaban mostrar que el exoficial de policía de Minneapolis cometió un asesinato cuando se arrodilló sobre el cuello y la espalda de Floyd, esposado y boca abajo en la calle.
El abogado defensor, Eric Nelson, argumentó que el uso de la fuerza por parte de Chauvin no fue atractivo, pero apropiado, y dijo que estaba distraído por una multitud de individuos hostiles en la escena.
La condena a Chauvin reavivó la esperanza de que el presidente Joe Biden y sus aliados en el Congreso impulsen el debate sobre el proyecto de Ley George Floyd de Justicia en la Policía, que está bajo discusión en el Senado federal.
La iniciativa, auspiciada por los demócratas, fue aprobada a principios de marzo pasado por la Cámara de Representantes, y tiene como fin prohibir los estrangulamientos y alterar la llamada inmunidad calificada para las fuerzas del orden público, lo que facilitaría la persecución de las denuncias de mala conducta policial.
La pieza legislativa pretende incrementar la lucha contra la discriminación racial y religiosa, facilitar el enjuiciamiento de los agentes infractores y revisar la capacitación para generar confianza en las comunidades en las que ellos laboran.
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