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Urge compromiso estatal en Colombia para recuperar grado de inversión

Bogotá, 20 may (Prensa Latina) El ministro de Hacienda de Colombia, José Manuel Restrepo, aseguró hoy que para poder recuperar el grado de inversión, retirado por Standard and Poor's, se requiere un gran compromiso de Estado.

En declaraciones a una emisora local, Restrepo señaló al respecto que se debe trabajar en tres frentes.

Mencionó la importancia del crecimiento de la economía, luego aseguró que es necesario avanzar en los esfuerzos que permitan alcanzar los consensos para la financiación de los programas sociales y la estabilidad de las finanzas públicas y por último la diversificación de la canasta exportadora.

Ayer, la agencia de calificación de riesgo estadounidense en servicios financieros, Standard and Poor’s, retiró el grado de inversión a Colombia, luego de bajar su calificación de BBB- a BB+ con perspectiva estable, en el contexto del alto grado de incertidumbre con la situación fiscal del país.

Eso implica, según analistas, que tanto el financiamiento del Gobierno como el del sector privado se volverá más costoso.

La firma considera que el ajuste fiscal de Colombia será más prolongado y gradual que lo que se había previsto, ‘lo cual disminuye la probabilidad de revertir el reciente deterioro de las finanzas públicas’.

S&P rebajó, además, la calificación en moneda extranjera de corto plazo a B desde A-3 y la calificación en moneda local de corto plazo a A-3 desde A-2, situación que implica que el país entra en el llamado grado especulativo para los inversionistas.

El gobierno de Colombia, obligado por un amplio reclamo popular, retiró un proyecto de reforma tributaria que aumentaría los impuestos y afectaría a la mayoría de la población.

El proyecto buscaba recaudar seis mil 294 millones de dólares, equivalente a un dos por ciento del Producto Interno Bruto, cobrar impuesto a la renta a personas que ganen un sueldo mensual de más de 663, dólares, sin embargo, en Colombia el salario mínimo es equivalente a 234 dólares.

Además, la ley proponía imponer el cobro del Impuesto del Valor Agregado, que en este país llega a un 19 por ciento, a productos de consumo básico como los servicios públicos (agua, luz y gas), servicios funerarios, y otros rubros hasta ahora exentos.

mem/otf

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