Las organizaciones precisan unos 10 millones de gourdes (poco más de 111 mil 200 dólares) con el fin de sensibilizar y movilizar a la población, especialmente la que reside en lugares remotos a participar de los ejercicios democráticos.
También propusieron la intervención de las iglesias y una intensa campaña en los medios masivos, además de la comunicación cara a cara.
La víspera las autoridades abrieron un taller para discutir el proyecto de cambio constitucional y los comicios generales programados para junio y septiembre, respectivamente, con unos 300 representantes de 150 partidos políticos.
‘No hay referendo ni elecciones en el país sin saber lo que piensan los partidos políticos. Los nuevos dirigentes de la nación procederán de los partidos políticos’, dijo durante la inauguración Mathias Pierre, ministro delegado para Asuntos Electorales.
En este sentido, las plataformas exigen la revisión del anteproyecto de la nueva carta magna, particularmente los artículos relacionados con el Poder Legislativo y el Código de Familia.
En cuanto a la Asamblea Nacional, abogan por un parlamento bicameral, en contraposición a la propuesta de la nueva Constitución, que alienta la formación de una cámara única y reducida.
De igual manera, demandan una definición clara del concepto de familia, que establezca solo la unión de un hombre y una mujer.
Las recomendaciones de los partidos se remitirán al Comité Consultivo Independiente, encargado de redactar la nueva Constitución.
Estas discusiones se llevan a cabo a poco menos de un mes del referendo para aprobar la ley de leyes, que recibe un amplio rechazo de estructuras opositoras, así como organizaciones sociales y sindicales.
Para el profesor y miembro de la Asamblea Constituyente de 1987, Georges Michel, la carta magna impulsada por el Gobierno promueve un empoderamiento del ejecutivo, en detrimento de otras fuerzas del país, mientras elimina los logros democráticos de la Constitución tras la caída de la dictadura y elimina todos los mecanismos de contrapoder, incluyendo el cargo de primer ministro o el voto de censura contra el Gobierno y los funcionarios públicos.
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