Ese constituyó el principal acuerdo del Manifiesto firmado por los presidentes de Costa Rica, Carlos Alvarado; de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández; de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz; y del Tribunal Supremo de Elecciones, Antonio Sobrado, tras una reunión anoche en Casa Presidencial.
‘Expresamos categóricamente nuestra voluntad de defender la democracia, la confianza y transparencia en la institucionalidad del país y el Estado Social de Derecho; por lo que manifestamos nuestro absoluto rechazo contra el fenómeno del crimen organizado en todas sus formas’, resalta el Manifiesto.
El encuentro entre los presidentes de los supremos poderes se produce luego que a inicios de esta semana detuvieran 22 personas supuestos miembros de una banda criminal dedicada al tráfico ilícito de estupefacientes, y confirmaran que algunos de ellos visitaban frecuentemente a diputados de la Asamblea Legislativa.
El documento rubricado establece el trabajo interinstitucional entre los poderes de la República para generar propuestas y acciones en materia de lavado de dinero y narcotráfico, cuyo primer informe debe entregar el 17 de junio venidero para ser analizado y posteriormente presentado a la ciudadanía.
Para ello, el equipo de trabajo evaluará los marcos legales existentes para proponer mejoras, a efectos de que las acciones preventivas y punitivas en la materia sean eficaces y contundentes.
Asimismo, establecerá mecanismos para fortalecer a las instancias competentes de la tecnología y el capital humano necesario para hacer frente a los retos que significa contrarrestar el fenómeno del crimen organizado.
Gestionará la cooperación y asistencia de organismos internacionales y socios estratégicos, con la implementación de programas que permitan fortalecer la labor conjunta entre las autoridades y cuerpos policiales del país para contrarrestar los efectos del crimen organizado.
Finalmente, potenciará los instrumentos de gestión, como la Estrategia Nacional sobre Drogas y Delitos Asociados; el Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo; y la Evaluación Nacional de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
También, la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción y similares, como complemento a los planes y actuaciones en materia de investigación y justicia penal.
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