Según la fiscal superior de la sección de Investigación y Seguimiento de Causa de la Fiscalía Metropolitana, Dayra Botello, en los cuatro primeros meses del actual año se registraron 164 acusaciones por corrupción de infantes, explotación sexual comercial y otras conductas lesivas.
Precisó que esta cifra supera a las 79 presentadas en el mismo lapso de tiempo de 2020, aunque desde el 2019 las estadísticas reflejan un aumento significativo y lamentable.
A juicio de algunas expertas panameñas, el ascenso de este fenómeno es uno de los efectos colaterales de la pandemia de Covid-19, en tanto las restricciones y cierres impuestos para frenar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 evidenciaron que estas agresiones ocurren muchas veces en la intimidad y cercanía de la víctima.
De acuerdo con la socióloga Eusebia Solís, en 2019 el 12 por ciento de los abusos sexuales ocurrieron en menores de cero a cuatro años, conducta que reportó un 32 por ciento de incidencia de cinco a nueve años, mientras que en los casos de violación doblemente agravada, el 90 por ciento fueron niñas entre cero y 10 años.
En febrero último una subcomisión parlamentaria presentó un informe sobre abusos sexuales y maltratos físicos y psicológicos cometidos desde 2015 contra decenas de menores, en al menos 14 albergues bajo supervisión de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
El escándalo conmocionó al país y provocó continuas protestas para exigir castigo contra los responsables, supuestamente encargados de proteger a los niños que acogen esas instituciones, los cuales provienen de hogares vulnerables socialmente o en situaciones de pobreza extrema.
A raíz del incidente, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia pidió al gobierno panameño no dilatar más una ley que garantice la protección integral de la niñez y la adolescencia.
msm/npg
