Como parte de un acuerdo con la fiscalía federal, Keleher aceptó su culpabilidad ante el juez Francisco Besosa, como parte de un acuerdo alcanzado el pasado 21 de mayo.
El acuerdo con el Ministerio Público, equivalente a seis meses de prisión, un año de cárcel domiciliaria y otro de libertad supervisada, debe ser refrendado por el juez Besosa, quien dentro de sus facultades podría no aceptarlo o modificarlo.
Keleher se expone a una condena de hasta 10 años en prisión por los cargos de conspiración y soborno y otros 20 años por fraude electrónico.
La exministra de Educación, quien afronta dos casos de corrupción, de 2019 y 2020, estuvo presente en la audiencia desde Filadelfia en una vista judicial mediante el sistema de videoconferencia y aceptó el acuerdo alcanzado por su defensa, encabezada por la exfiscal federal María Domínguez, y la fiscalía federal.
En el pliego acusatorio de un gran jurado por el caso de 2020, se señala que Keleher figuraba como acusada de conspiración, fraude electrónico y soborno.
La exfuncionaria en uso de su poder como ministra de Educación de Puerto Rico, quería enriquecerse al solicitar y aceptar artículos de valor a cambio de otros, y que otros se enriquecieran al obtener privilegios.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) detalló entonces que Keleher cedió al dueño de la firma Trillion Realty Group, Ariel Gutiérrez Rodríguez, mil 34 pies cuadrados de la escuela Padre Rufo, en el sector capitalino de Santurce, a cambio de beneficios financieros en relación con su arrendamiento y compra de un apartamento en el complejo habitacional Ciudadela’.
La exministra también había sido imputada en 2019 por un gran jurado federal -junto a otras cinco personas- de 32 cargos relacionados a un esquema de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de activos y conspiración para el blanqueado de dinero por poco más de 15 millones de dólares.
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