El congresista, una de las personalidades que más insiste en que Colombia sea parte del acuerdo, aludió a cinco razones destacadas por el diario El Espectador.
El Acuerdo, señala la publicación, introduce un novedoso enfoque sobre los asuntos ambientales: el de la democracia ambiental, centrada en la consideración de los derechos humanos y la participación ciudadana como requisitos necesarios para asegurar una economía próspera y garantizar el derecho a un ambiente sano.
‘Este enfoque convierte al Acuerdo, como lo señala el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, en un poderoso instrumento para la prevención de conflictos. En otras palabras, el Acuerdo, en lugar de afectar la inversión privada, propende por mejores condiciones sociales para su realización’, agrega.
En segundo lugar, el Acuerdo es un complemento ideal para la aplicación de la normativa sobre acceso a la información pública y participación ciudadana en los asuntos ambientales.
Recalca la publicación que, aunque el país ya tiene normas para ello no todas fueron diseñadas exclusivamente para los temas ambientales y encuentran enormes barreras socio-culturales, institucionales y políticas para su adecuada y oportuna aplicación.
En tercer lugar, atribuye un rango especial a los grupos vulnerables como sujetos de derecho y de atención particularizada por parte del Estado.
‘Colombia, caracterizado por amplias brechas socioeconómicas, profundizadas por la pandemia y por las políticas regresivas del gobierno, las acciones de favorabilidad para las poblaciones excluidas de los beneficios del crecimiento económico y de la acción del Estado resultan ser determinantes’, añade.
Agrega que, además, constituye una herramienta para la protección de los defensores del medio ambiente, cada vez más victimizados por manos criminales.
Como cuarta razón establece que el Acuerdo otorga un nuevo estatus a los criterios ambientales como referentes para la toma de decisiones sobre el modelo de desarrollo del país.
Y como quinto elemento puntualiza que los estándares del Acuerdo de Escazú ya están siendo adoptados por algunas entidades del gobierno colombiano como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
El próximo jueves, en una sesión conjunta del senado y la cámara de representantes del Congreso, los legisladores debatirán y votarán el acuerdo regional adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 y que Colombia firmó en ese momento.
Para el Foro Nacional por Colombia, no ratificarlo mostraría una inconsistencia, insostenible en el concierto internacional.
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