En declaraciones a la prensa, el director del OIJ, Wálter Espinoza, señaló que este caso está vinculado con corrupción en la función pública, con violación a los deberes de probidad y con eventuales malversaciones de fondos en temas relacionados con la construcción de obra pública, particularmente carreteras.
Tras indicar que en los 57 allanamientos esperan detener a unas 30 personas, entre altos mandos, asesores y otros funcionarios públicos y de empresas privadas, Espinoza reveló que esta investigación comenzó en 2019.
Precisó que recibieron denuncias concretas sobre la existencia de funcionarios públicos relacionados con representantes de empresas privadas de alto nivel, que usualmente ganaban las adjudicaciones y que estaban malversando los fondos para favorecer determinados proyectos y a personas.
‘Nos referimos a la recepción de sobornos, obtención de regalías, gratificaciones irregulares y evidentemente un comportamiento del sector privado dirigido a lograr situaciones de ventajas para sí, en el tema de pagos para fondos, para presupuestos adelantados y muchas otras circunstancias’, señaló el director del OIJ.
Explicó que los presuntos delitos de esas personas serían asociación ilícita, peculado, cohecho, malversación y tráfico de influencias, entre otros, y adelantó que resulta uno de los casos de corrupción más grandes vistos en este país.
Detalló que ‘se trata de un grupo de funcionarios que vendieron sus conciencias éticas y morales, que recibieron sobornos y usaron sus puestos para favorecerse. Y un grupo de empresas privadas que aprovecharon esta situación también para favorecerse’.
La mayoría de los registros se realizan en la sede central del Consejo Nacional de Vialidad, algunas empresas privadas y oficinas de asesores en Casa Presidencial, en la segunda ocasión en la historia de este país en que agentes del OIJ y del Ministerio Público allanan la sede del Poder Ejecutivo.
El 28 de febrero de 2020, por la creación presuntamente irregular de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), los referidos agentes llegaron a recoger hasta teléfonos celulares y la computadora del mandatario Carlos Alvarado.
Esta investigación aún está en curso y junto a Alvarado aparecen involucrados otros siete funcionarios -entre ellos los empleados de la UPAD- señalados de tener acceso a información confidencial de los costarricenses, algo que está prohibido por la Constitución.
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