‘Se trata de una causa para recobrar los activos por el daño económico ocasionado en el caso Gases Lacrimógenos. Pasamos la información al bufete (Greenberg Traurig) para rescatar ese sobreprecio’, declaró el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez.
Cuantificaremos el daño porque no es cualquiera, sino que se negoció en la pandemia de la Covid-19, cuando el país necesitaba esos recursos para salvar vidas, entonces hay que ver el monto adicional’, agregó el representante ante los tribunales.
Debe equivaler a uno igual al tomado para sí de la compra (2,3 millones de dólares), incluso más, aunque lo ideal sería duplicar el sobreprecio, precisó Chávez en entrevista con Bolivia TV.
La justicia de Washington detuvo el pasado 26 de mayo a Murillo por los delitos de corrupción y lavado de activos en suelo estadounidense, cometidos al gestionar gases lacrimógenos para la administración de facto encabezada por Jeanine Áñez.
Además del exfuncionario están implicados su hermana Magda Mireya, su cuñado Daniel Leonardo Aliss Paredes, y los oficiales de policía Víctor Gómez Apaza y Daniel Bellot.
La lista incluye a Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, exjefe de gabinete de Murillo; y a Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, junto a otras personas.
La última semana Luis y Bryan Berkman, dos de los representantes de la empresa intermediaria, pagaron fianzas de medio millón de dólares y 350 mil, respectivamente, para evitar su reclusión en una cárcel y defenderse en libertad.
La audiencia contra Murillo fue reprogramada para el 9 de julio en Miami, Florida, y, a pesar de que negocia una privación de libertad menor a 20 años, las autoridades bolivianas no descartan, igual, una fianza.
‘No queremos eso en ningún sentido, aunque puede tratar menos años de cárcel porque es su derecho. Una vez que sea condenado allá y cumpla con esa situación penal recién vamos a activar los procedimientos de extradición que se encauzan en Bolivia’, puntualizó Chávez.
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