En total el plan de gastos gubernamentales para el año fiscal 2022, que asciende a unos seis billones de dólares, asigna 715 mil millones para el Departamento de Defensa, una cifra que varios legisladores republicanos cuestionan por considerarla poco adecuada a las actuales circunstancias.
Sin embargo, otros 38 mil millones de dólares adicionales son para programas relacionados con la defensa en el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Departamento de Energía y otras entidades gubernamentales.
Esto hace que las erogaciones para asuntos de seguridad nacional se eleven a 753 mil millones, un aumento del 1,7 por ciento con respecto a la cifra de 2021, enmarcadas bajo la administración de Donald Trump.
En ese contexto, el Comité de Servicios Armados del Senado celebra hoy una audiencia presupuestaria con la secretaria del Ejército, Christine Wormuth, y el jefe de Estado Mayor de esa rama de los servicios armados, general James McConville.
Por su parte, el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes realiza un debate con la presencia del secretario interino de la Marina, Thomas Harker, el jefe de Operaciones Navales, almirante Mike Gilday y el comandante de la Infantería de Marina, general David Berger.
Entretanto, diversos paneles del Senado celebrarán el jueves audiencias como parte del proceso de confirmación de varios funcionarios propuestos por Biden para integrar altos cargos en el Pentágono.
Entre ellos está Meredith Berger, candidata a subsecretaria de la Marina para temas de energía, instalaciones y medio ambiente; Shawn Skelly, propuesto como subsecretario de Defensa para reparaciones; Ely Ratner será considerada para subsecretaria de Defensa para Asuntos del Indo-Pacífico; Gina Ortiz Jones para subsecretaria de la Fuerza Aérea; y Caroline Krass como consejera general del Pentágono.
El jueves, el panel de Fuerza Marítima del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes celebrará una audiencia presupuestaria con líderes militares y civiles de la Marina.
Entre otros aspectos relacionados con las proyecciones de las fuerzas armadas estadounidenses, la Cámara Baja votará esta semana sobre una legislación bipartidista para derogar la Autorización para el Uso de la Fuerza en Iraq de 2002, un paso inicial en un esfuerzo más amplio para reformar los poderes de guerra presidenciales.
Los defensores de esta revisión argumentan que dejar vigente esta legislación obsoleta constituye una invitación al abuso de sus atribuciones por parte del poder ejecutivo y presionan para eliminar otras resoluciones anticuadas del Congreso que respaldan el empleo del poderío bélico en ultramar.
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