Declaraciones de un testigo protegido bajo la clave FEA-0001-2020, apuntaron a Martinelli como la persona que en los archivos de sobornos de la compañía brasilera aparece bajo el seudónimo de Águia, águila en portugués, aunque otros usos son dirigente, jefe, gobernante y bribón, publicó el diario La Prensa.
La Fiscalía Especial Anticorrupción recibió un documento el 25 de septiembre de 2020, sobre la información ofrecida por el declarante, quien aseguró que ese sobrenombre era el que aparecía en el clandestino Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE) de la constructora brasilera para evitar que se conociera y divulgara la verdadera identidad.
Águia recibió múltiples pagos a cuentas bancarias cuyos titulares -según la fuente- eran los hijos del exgobernante, Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares, actualmente detenidos en Guatemala en espera de su extradición a Estados Unidos que los reclama por el uso de su sistema bancario para lavado de activos asociados a montos recibidos de Odebrecht.
La denuncia del periódico detalló obras y cantidades entregadas como sobornos, además de los nombres de quiénes ordenaron desde la constructora, cuyo dinero se extrajo de sobrecostos en obras públicas durante los cinco años del período presidencial del ahora imputado gobernante.
La Fiscalía reconoció que, aunque los fondos ilegales no fueron transferidos a cuentas propias de Martinelli, ‘era este su destinatario final, y es que, precisamente, el lavado de activos intenta, a través de actividades y procedimientos, introducir dinero de procedencia ilícita en el ciclo de la economía legal’ para encubrir al destinatario.
André Rabello, principal funcionario de Odebrecht en Panamá, declaró a la justicia istmeña que Martinelli tenía pleno conocimiento de las gestiones que él realizaba ante los diferentes ministerios y que, a través de sus hijos también se realizaban pagos ilícitos, ‘producto de las coimas solicitadas para poder seguir ejecutando proyectos’.
La reacción del equipo legal del expresidente fue cauta ante las últimas delaciones que señalan la responsabilidad de Martinelli, mientras concentran su defensa en el argumento de la violación del principio de especialidad contenido en el tratado de extradición, el cual no permite juzgarlo por delitos distintos al que provocó la extradición.
Por su parte, contra Varela la vista del Ministerio Público rechazó el argumento del acusado que el dinero recibido fueron ‘donaciones de campaña’ y en cambio sostuvo que fue triangulado de la caja clandestina de la constructora a través de la Fundación Don James, vinculada al exgobernante.
El DOE realizó 11 transacciones identificadas con el apelativo ‘Cachaza’ que se originaron desde cuentas controladas por la brasileña y dirigidas a las sociedades V Tech Ltd y Poseidon Enterprises, en las que firmaba Jaime Lasso, lobista y recolector de fondos para el Partido Panameñista, publicó este martes el diario La Estrella de Panamá.
Para la Fiscalía el apodo es indicio de posible nexo entre el expresidente y las erogaciones a través de las sociedades anónimas empleadas por el exgobernante panameñista para recibir dinero de la constructora y triangularlo para hacer pagos personales o gastos de la campaña a la vicepresidencia (2009) y presidencia (2014).
Cachaza, en portugués, se asocia con una bebida de alcohol de caña de azúcar y la familia del exgobernante es la mayor productora rones en el Istmo, de ahí la posible asociación del seudónimo considerado por los fiscales.
El periódico aseguró que accedió a parte de la documentación con la que la Fiscalía acreditó el delito de blanqueo de capitales en contra de Lasso y Varela, en un monto que supera los tres millones de dólares, la mayoría en el período 2009-2012, cuando Varela era vicepresidente en la fórmula de Martinelli.
El trayecto de las coimas a políticos panameños iniciaba con la solicitud de Rabello, superintendente de la filial brasileña en Panamá, que elevaba la petición sobre el monto y el destinatario del pago a Luiz Mameri, jefe de la constructora en Latinoamérica.
El expediente del caso Odebrecht espera ahora porque el tribunal correspondiente convoque al juicio oral, al cual deben comparecer medio centenar de acusados, aunque cierto escepticismo subyace en la opinión de analistas que advierten de múltiples recursos legales dilatorios los cuales llevarían a la prescripción del caso por tiempo.
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