Consultados por la prensa o en sus comentarios en las redes sociales, buena parte de los ticos exigen que los responsables sean sancionados como corresponde, a la vez que claman por un punto final a la falta de ética y honestidad en el ejercicio de la administración pública, pues sucesos similares anteriores quedaron impunes.
Otros critican el oportunismo de algunos diputados, quienes atribuyen solo al gobierno del presidente Carlos Alvarado estas conductas en la función pública, y no son ejemplo de probidad y transparencia, pues algunos de los que hoy critican están siendo investigados por diversos delitos.
Asimismo, muchos consideran que la revelación de este hecho a unos siete meses de los comicios generales tiene un trasfondo electoral.
El hecho es que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción realizaron este lunes 57 allanamientos en los que detuvieron a 29 funcionarios de entidades públicas y privadas, presuntamente relacionadas con diversos delitos de corrupción en la ejecución de obras viales.
Los arrestados trabajan en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y en empresas privadas como Meco, H. Solís, Constructora Herrera, Cacisa e ITP Ingeniería.
En un inicio informaron que uno de los arrestados sería Camilo Saldarriaga, uno de los asesores de Alvarado, pero después él mismo confirmó que permanecía en libertad y presentó su renuncia para asumir el proceso y demostrar su plena inocencia sin afectar el trabajo del Poder Ejecutivo.
El director del OIJ, Wálter Espinoza, reveló a la prensa que en 2019 recibieron información confidencial de que un grupo de funcionarios públicos se reunían con miembros de empresas privadas, ganadoras siempre de las adjudicaciones, y que estaban malversando fondos que afectaban el erario público.
Según Espinoza, los detenidos habrían cometido delitos como asociación ilícita, peculado, cohecho, malversación, sobornos, regalías, gratificaciones irregulares y tráfico de influencias, entre otros.
‘Las investigaciones indican que ha habido un pago de fondos y presupuestos adelantados para cometer los delitos y al parecer se han malversado unos 78 mil millones de colones, unos 128 millones de dólares’, subrayó Espinoza.
En un mensaje a la ciudadanía a través de internet, el presidente tico respaldó la investigación judicial sobre este caso y expresó que esos comportamientos son totalmente inaceptables.
Alvarado señaló que ‘ahí donde hay un corrupto, también hay un corruptor, y ambos deben ser sancionados. Es mi deseo, igual que el del resto de los costarricenses, que se llegue al fondo del asunto y se sienten las responsabilidades y sanciones, recaigan sobre quienes recaigan’.
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