La hoja de ruta de 20 puntos divulgada en esta jornada recuerda a los gobiernos comunitarios su responsabilidad a la hora de salvar vidas y proteger los derechos de los migrantes y refugiados que optan por la peligrosa ruta del Mediterráneo.
Basada en cinco grandes ejes de acción, incluye la reanudación de las operaciones de búsqueda y rescate, así como la creación de mecanismos de desembarco y reubicación.
El plan contempla asimismo la detección las violaciones de Derechos Humanos donde se produzcan, y se hizo público en vísperas de una reunión del bloque regional el 24 y 25 de este mes para tratar la política migratoria común.
Rubricaron el documento Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados.
En tanto la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reportó en lo que va de año más de 800 migrantes y refugiados fallecidos en el Mediterráneo.
La víspera decenas de ONGs pidieron al Gobierno de Grecia revocar un decreto que designa a Turquía como un país seguro para devolver a refugiados.
Basado en ese argumento el Estado heleno retira toda ayuda a los asilados tras rechazar su solicitud los que quedan desprotegidos en islas griegas y convierte a esos territorios del mar Egeo en lugares de encierro.
Turquía reconoce la Convención de Ginebra sobre los Refugiados solo para quienes proceden de Europa y desde marzo de 2020 ese país no acepta la devolución de solicitantes de asilo desde Grecia, afirma el documento.
De esa forma centros de acogida como Moria en la isla de Lesbos, arrasado por un incendio el pasado año, se erigen como ‘símbolo de vergüenza para el continente’, destaca un comunicado rubricado por cerca de 40 ONGs, entre ellas la sección helena de Médicos del Mundo y el Consejo Griego para los Refugiados.
Refugiados, asilados y migrantes indocumentados sufren cada día por las malas condiciones de los centros de acogida, agravadas por la incidencia de la Covid-19.
Dicha situación persiste en un contexto signado por la falta políticas comunes en el seno de la UE y el reclamo creciente de organismos internacionales y de derechos humanos en busca de una solución para quienes demandan mejores condiciones de vida en el llamado viejo continente.
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