La legislación, calificada de obsoleta por buena parte de los congresistas, autorizó al presidente George W. Bush a invadir ese país árabe, pero según el diario The New York Times, se aplicó de forma repetida mucho más allá de su intención original.
Incluso se enarboló para dar cierto tono de legalidad dentro de Estados Unidos a una campaña posterior contra el Estado Islámico y para justificar el asesinato del general iraní Qassim Suleimani, el año pasado en Iraq.
La víspera el líder de la mayoría demócrata del Senado, Charles Schumer, prometió reconsiderar el tema, y señaló que la guerra de Iraq terminó hace casi una década y la autorización aprobada en 2002 ya no es necesaria en 2021.
Según el diario The Hill, el apoyo de Schumer proporciona un impulso significativo para derogar esa ley, después de un estancamiento de años sobre el intento de eliminarla o imponer nuevas restricciones a la autoridad de guerra de un presidente.
La declaración de Schumer sobre la limitación de estos poderes de guerra presidenciales se produjo cuando el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta anunció el mismo día que votará la próxima semana un proyecto con tales propósitos presentado por los legisladores Tim Kaine (D) y Todd Young (R).
Entretanto, la Casa Blanca anunció este lunes en un comunicado su apoyo a la derogación de dicha autorización, porque ‘ya no tiene un impacto mínimo en las operaciones militares actuales’,
La AUMF da luz verde ‘legalmente’ al presidente para atacar a ‘aquellas naciones, organizaciones o personas’ que ayudaron o llevaron a cabo los ataques del 11 de septiembre’ de 2001, facultad que aún sigue vigente a pesar de los años transcurridos.
La legislación convertida en ley el 18 de septiembre de 2001, establece que ‘el presidente está autorizado a utilizar toda la fuerza necesaria y apropiada contra naciones, organizaciones o personas que planearon, autorizaron, o ayudaron’ a realizar dichos atentados.
En el trasfondo de todo este debate sobre las facultades del jefe de la Casa Blanca para iniciar una contienda bélica, está la Resolución de Poderes de Guerra, una ley federal destinada a controlar las facultades del presidente para comprometer al país en un conflicto armado sin el consentimiento del Congreso, que entró en vigor el 7 de noviembre de 1973.
El estatuto requiere que el gobernante notifique al Capitolio en un plazo de 48 horas el uso de agrupaciones armadas en un conflicto determinado, prohíbe que dichas unidades permanezcan en esas acciones por más de 60 días, y prevé un periodo posterior de un mes para su retirada total.
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