De acuerdo con un boletín, se trata de 468 familias de 30 comunidades indígenas de tres cabildos del Resguardo Emberá Katío del Alto Sinú y de comunidades campesinas de la vereda Naín, en Tierralta, ‘en situación de desplazamiento masivo’ desde el 19 de abril.
Además de estos desplazados en la ciudad de Montería, otras 294 personas también tuvieron que desplazarse a la comunidad de Zabaletas, más al sur, puntualizó la OCHA.
Tal situación es resultado de las afectaciones en la protección de las comunidades y por las restricciones a la movilidad, dados los continuos combates entre la fuerza pública y el Grupo Delictivo Organizado (GDO) en la zona.
‘En consecuencia, se ha limitado el acceso a bienes y servicios, hay dificultades para el abastecimiento de alimentos, la atención primaria en salud, el acceso a fuentes de agua, entre otros’, alertó.
A lo anterior, se suma la contaminación con minas antipersonales, o que impide a la comunidad ejercer sus actividades de caza, pesca y agricultura, remarcó.
En el último Comité Territorial de Justicia Transicional de Montería llevado a cabo el 16 de junio, se confirmó la llegada a finales de mayo de aproximadamente 138 familias, de diferentes cabildos, información pendiente por confirmarse.
‘Por todo el contexto mencionado, preocupa la precaria situación de alojamientos, salud, seguridad alimentaria y protección de las comunidades en situación de desplazamiento’, recalcó el organismo multilateral.
Asimismo, las comunidades que continúan en el resguardo están en riesgo de desplazamiento hacia Montería, debido a la continuidad de combates, operaciones militares y presencia activa del GDO, advirtió.
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