Con la presentación de la Fiscalía concluyeron las audiencias sobre medidas cautelares del Juzgado Penal de Hacienda, que ya anunció para el sábado la divulgación de su fallo sobre este sonado episodio de malversación de fondos públicos, conocido como caso Cochinilla.
La representación del Ministerio Público pidió la prisión preventiva para esa cantidad de presuntos implicados, nueve de ellos empresarios, incluidos hasta dueños de compañías constructoras; cuatro empleados públicos; y un exfuncionario estatal. Asimismo, instó a suspender de sus cargos a 11 funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), y medidas alternas a la prisión preventiva contra los otros 16 apresados el lunes de la semana anterior, de los cuales 12 son funcionarios públicos, dos exempleados estatales, un empresario y una empleada de constructora.
De estos últimos dos fueron liberados el fin de semana.
Anoche, los 14 abogados defensores finalizaron sus descargos, iniciados el martes de la semana anterior, un día después de la detención de esa cantidad de funcionarios públicos y privados, señalados de componendas entre ellos para malversar fondos públicos.
Los implicados laboran en el Conavi, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) y en las empresas constructoras Meco, H. Solís, Constructora Herrera, Cacisa e ITP Ingeniería.
El director del OIJ, Wálter Espinoza, reveló a la prensa que en 2019 recibieron información confidencial de que un grupo de funcionarios públicos se reunían con miembros de empresas privadas, ganadoras siempre de las adjudicaciones.
Según Espinoza, los detenidos habrían cometido delitos como asociación ilícita, peculado, cohecho, malversación, sobornos, regalías, gratificaciones irregulares y tráfico de influencias, entre otros.
‘Las investigaciones indican que ha habido un pago de fondos y presupuestos adelantados para cometer los delitos y al parecer se han malversado unos 78 mil millones de colones, unos 128 millones de dólares’, refirió Espinoza.
Desde el primer momento, el presidente Carlos Alvarado respaldó la investigación y afirmó que ahí donde hay un corrupto, también hay un corruptor, y ambos deben ser sancionados.
‘Es mi deseo, igual que el del resto de las y los costarricenses que se llegue al fondo del asunto y se sienten las responsabilidades y sanciones, recaigan sobre quienes recaigan’, subrayó.
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