La jueza Kathleen William, de una corte del Distrito Sur de Florida, alegó falta de jurisdicción en el proceso contra la empresa francesa, que comparte con las autoridades cubanas la empresa mixta Havana Club Internacional.
La magistrada ordenó el cierre del proceso y señaló que ‘Pernod no tiene un agente registrado en el estado de Florida, y en consecuencia, el tribunal determinó que los contactos del demandado con dicha demarcación fueron insuficientes para establecer los requisitos de jurisdicción general’.
Los demandantes, Marlene Cueto Iglesias y Miriam Iglesias Álvarez, argumentaron en la petición que el Gobierno cubano confiscó por la fuerza la compañía Coñac Cueto.
‘Los demandantes alegan además que todos los activos de Cueto, incluida la propiedad intelectual, fueron nacionalizados por el Gobierno de Cuba y la entidad se fusionó con la empresa rebautizada como Havana Club’, subraya la demanda, según el diario El Nuevo Herald y la agencia española EFE.
En mayo de 2019, el presidente Donald Trump (2017-2021) reactivó el Título III de la Ley Helms Burton aprobada en 1996, un acápite que permite a los estadounidenses y cubanoamericanos presentar recursos en los tribunales contra terceros que obtengan provecho de propiedades nacionalizadas en Cuba.
A partir de la activación de esa título, se presentaron alrededor de 40 procedimientos de ese tipo en tribunales norteamericanos contra empresas europeas, muchas de ellas españolas, sin embargo, las cortes norteamericanas desestimaron hasta ahora seis demandas en casos amparados en la mencionada legislación.
Havana Club Internacional es una empresa mixta entre la corporación francesa Pernod Ricard, propietaria de otras conocidas etiquetas como Absolut y Chivas, y la corporación estatal Cuba Ron.
El Havana Club es la tercera marca de ese tipo de bebidas a nivel internacional al exportar sus productos a más de 120 países, excepto a Estados Unidos, debido al bloqueo económico, comercial y financiero que Washington mantiene contra la isla caribeña.
Precisamente ayer, la Asamblea General de la ONU adoptó con el apoyo de 184 de sus Estados miembros una nueva resolución que pide el fin de esas sanciones unilaterales e ilegítimas contra la nación antillana.
En la votación se registraron tres abstenciones (Colombia, Ucrania y Brasil) y solo votaron en contra del levantamiento del cerco Estados Unidos e Israel, quienes quedaron aislados ante el reclamo de la mayoría de la comunidad internacional.
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