Al mismo tiempo, la Marina, en cuya base del vecino puerto del Callao está la prisión donde Montesinos cumple condenas por crímenes de lesa humanidad, y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunciaron sendas investigaciones sobre el escándalo.
‘Es extremadamente preocupante que Montesinos esté actuando desde la carcel como lo que revelan los audios respecto a supuestos sobornos’ a jueces electorales, dijo el encargado del área de Economía de Castillo, Pedro Francke.
Señaló la necesidad de una profunda investigación que esclarezca el caso de los audios entre un comandante en retiro del Ejército, Pedro Rejas, y Montesinos, quien le indica que contacte con Guillermo Sendón para coordinar el pago de sobornos a tres de los cuatro miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El fin era que tres de los cuatro magistrados aprueben los pedidos de nulidad de actas del balotaje del 6 de junio, ganado por el izquierdista Pedro Castillo, y lograr así revertir el resultado.
Entretanto, la Marina de Guerra y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunciaron en conjunto el inicio de una investigación para determinar responsabilidades del INPE a cargo de la prisión de alta seguridad y los navales de su custodia.
Según el anuncio, en el presidio hay un teléfono fijo proporcionado por el INPE por el que los internos pueden comunicarse en forma excepcional con sus abogados y familiares y Montesinos pidió permiso para hablar con su pareja los días 10 y 23 de junio.
Añade que los audios difundidos ayer indican que el exbrazo derecho del exgobernante Alberto Fujimori, padre de Keiko, se habría comunicado en esas fechas con personas no autorizadas.
En los audios, Sendón plantea a Rejas que tiene contacto con Luis Arce Córdova y este garantiza otros dos votos necesarios para atender el pedido fujimorista de anular actas favorables a Castillo, y que hay que pagarle un millón de dólares a cada uno de los jueces.
Sin embargo, el JNE anuló las 10 primeras solicitudes por carecer de sustento legal, criterio aplicado a todos los reclamos fujimoristas por las cortes provinciales de primera instancia y que seguirá aplicando en los restantes el jurado nacional.
El juez Arce desertó el pasado miércoles del JNE por manifiestos desacuerdos con sus tres pares, dimisión que dio pie a que políticos de extrema derecha aliados del fujimorismo dieran por desacreditada a la máxima corte electoral y pidieron al presidente Francisco Sagasti que solicite a la OEA una auditoría del proceso electoral.
La misión observadora de ese organismo, sin embargo, ratificó la limpieza de los comicios y respaldó las decisiones de las cortes electorales que rechazaron los alegatos fujimoristas.
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