El magistrado presentó con tal fin una apelación contra el fallo del juez Víctor Zúñiga que rechazó su solicitud de que Fujimori complete casi un año pendiente de la prisión preventiva que cumplía cuando en 2020 obtuvo libertad bajo comparecencia (condicional) por riesgo de contagio de coronavirus.
Pérez argumenta que la libertad limitada que la acusada obtuvo le prohibía reunirse con testigos y acusados de casos que la involucran, al mostrarse públicamente en coordinaciones con su compañero de partido Miguel Torres y su aliada Lourdes Flores.
El juez no negó el hecho y solo denegó el pedido de retorno de Fujimori a prisión por considerar que no se había cumplido con el requisito de una advertencia previa.
Al anunciar su decisión, Núñez dijo a la investigada por lavado de activos y otros delitos, que se diera por advertida y que si volvía a reunirse con Torres y Flores o con otros involucrados en investigaciones en curso, la enviaría de vuelta a la cárcel.
El juez deberá analizar la apelación de Torres y trasladarla a una Corte Superior de Apelaciones para que decida si procede el nuevo encarcelamiento de Fujimori.
Torres y Flores son los principales operadores de las alegaciones de la candidata presidencial que pretende, sin éxito, anular centenares de actas de sufragio, lo que modificaría a su favor el resultado oficial del balotaje del 6 de junio entre ella y el izquierdista Pedro Castillo, quien ocupó el primer lugar.
En el caso, referido a recibir millonarios fondos electorales ocultamente y tratar de disfrazarlos, el fiscal pide 30 años y 10 meses de cárcel para Fujimori y penas similares o menores para sus 41 co-acusados, todos imputados de integrar una organización criminal.
Juristas y políticos críticos de Fujimori sostienen que, de confirmarse su derrota en las urnas, es alta la posibilidad de que sea condenada a prisión.
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