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Caso de presunta corrupción sobresalió en Costa Rica

San José, 26 jun (Prensa Latina) La conclusión de los alegatos de la defensa y la fiscalía en el caso de presunta corrupción en contratos de obras públicas sobresalió en Costa Rica la semana que concluye hoy.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) de Costa Rica solicitó este miércoles medidas preventivas de prisión contra 14 de los 30 funcionarios estatales y privados señalados de presunta corrupción en obras públicas.

Con la presentación de la Fiscalía concluyeron las audiencias de medidas cautelares del Juzgado Penal de Hacienda, que hoy divulgará su fallo sobre este sonado episodio de malversación de fondos públicos, conocido como Caso Cochinilla.

La representación del Ministerio Público pidió la prisión preventiva para esa cantidad de presuntos implicados, nueve de ellos empresarios, incluidos hasta dueños de compañías constructoras; cuatro empleados públicos; y un exfuncionario estatal.

Asimismo, instó a suspender de sus cargos a 11 empleados del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), y dictar medidas alternas a la prisión preventiva contra los otros 16 apresados el lunes de la semana anterior, de los cuales 12 son funcionarios públicos, dos exempleados estatales, un empresario y una empleada de constructora.

De estos últimos dos fueron liberados el fin de semana.

Un día antes, los 14 abogados defensores finalizaron sus descargos, iniciados el martes de la semana anterior, tras la detención de esa cantidad de funcionarios públicos y privados, señalados de componendas entre ellos para malversar fondos públicos.

Los implicados laboran en el Conavi, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) y en las empresas constructoras Meco, H. Solís, Constructora Herrera, Cacisa e ITP Ingeniería.

El director del OIJ, Wálter Espinoza, reveló a la prensa que en 2019 recibieron información confidencial de que un grupo de funcionarios públicos se reunían con miembros de empresas privadas, ganadoras siempre de las adjudicaciones.

‘Las investigaciones indican que ha habido un pago de fondos y presupuestos adelantados para cometer los delitos y al parecer se han malversado unos 78 mil millones de colones, unos 128 millones de dólares’, refirió Espinoza.

De otro lado, Costa Rica pasó este jueves a Guatemala la Presidencia Pro Témpore (PPT) del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

San José ejerció la PPT del SICA -integrada por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana- en los primeros seis meses de 2021 y corresponderá a Guatemala en el segundo semestre de este año.

En un resumen de su mandato, la cancillería tica indicó que Costa Rica persiguió promover la recuperación económica y social, verde, sostenible y resiliente de la región posCovid-19 y el desarrollo de acciones orientadas a fortalecer la salud de la población.

mem/ale/gdc

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