‘Condenamos el acto de violencia y agresión en contra del jefe de la ONPE, Piero Corvetto. En una sociedad basada en principios democráticos los actos de acoso y hostilización contra las autoridades electorales del país deben cesar inmediatamente’, manifestó la máxima corte electoral en un Twitter.
El atacado denunció en el mismo espacio que fue agredido física y verbalmente en el exclusivo Club Regatas Lima y añadió que el personal de seguridad de esa instalación se negó a identificar al agresor.
En las últimas semanas Corvetto, al igual que miembros del JNE han sido objeto del asedio a sus casas por grupos hostiles que apoyan a la candidata Keiko Fujimori, quien cuestiona el resultado del conteo oficial de la ONPE, en el que Pedro Castillo la superó.
La ONPE terminó el cómputo del balotaje del 6 de junio y lo anunció, pese a exigencias fujimoristas de que se abstenga hasta resolver sus pedidos de nulidad de actas, con los cuales buscaban, sin fundamento según las cortes electorales, revertir el resultado.
También Anahí Durand, la integrante del equipo técnico de Castillo, se solidarizó con el funcionario agredido y comentó que ‘esto pasa cuando se da espacio a posturas autoritarias y antidemocráticas’.
Entretanto, el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación preliminar a los ex altos jefes de las Fuerzas Armadas que ayer difundieron un manifiesto que presiona a las autoridades a direccionar sus resoluciones, según la denuncia de un ciudadano.
La indagación fue abierta por los presuntos delitos de rebelión, sedición y conspiración, y el comunicado que la motiva suscribe las exigencias fujimoristas de que el JNE investigue sus denuncias, sin pruebas, de maniobras fraudulentas en su contra.
Un pronunciamiento anterior de militares jubilados incluyó un pedido a los actuales jefes de las Fuerzas Armadas a que no reconozcan al nuevo presidente si no atendiera sus exigencias, lo que fue criticado como golpista por amplios sectores.
El presidente Francisco Sagasti rechazó esa declaración por incitar al quiebre de la constitucionalidad y puso el caso en manos del Ministerio Público.
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