Al divulgar su posición sobre el sonado caso de presunta corrupción en la contratación de obras públicas, conocido como Cochinilla, el FA aseguró que la corrupción es el resultado de una política que privilegia el interés de los grandes capitales contra los derechos del pueblo.
‘Los actuales casos de corrupción del llamado caso Cochinilla, que estremecen el país por el altísimo monto de lo robado en tiempos de crisis económica, no son casos aislados’, apunta la mayor agrupación de izquierda, en su sitio web.
Estos casos, que se suman a muchos otros de las últimas décadas, son el efecto de una forma de gobernar que ha favorecido que los fondos públicos sean entregados a grandes empresas, por el creciente abandono de las funciones del Estado y el constante desmantelamiento de instituciones públicas, señala.
A lo anterior, sostiene, se suma la intencional baja de controles y fiscalización, por vía del debilitamiento presupuestario, o el abierto encubrimiento de una red cada vez más extensa de tráfico de favores y corrupción, que involucra desde los niveles más básicos de la gestión pública hasta los más altos cargos de poder.
Recuerda que los grandes empresarios de este país también han sido sistemáticamente favorecidos por políticas fiscales que permiten que no paguen los impuestos que deberían, con políticas económicas que facilitan la vulneración de los derechos laborales de sus trabajadores.
No bastándoles eso, denuncia, han querido ir más allá de las leyes que les favorecen, robando y sobornando a placer.
El FA pide no desvincular de este ambiente de descomposición a las descubiertas redes de narcotráfico y lavado de dinero con el poder político, el cual involucra desde alcaldes hasta diputados, y que también ha utilizado la obra pública como mampara para sus intereses.
Tras aseverar que al final el pueblo paga triple, el FA llama a la militancia y al pueblo honesto en general a manifestarse por todos los medios que sea posible para exigir ponerle fin a estas redes corruptas que favorecen el desangramiento de las finanzas públicas, frenar la impunidad y acabar con las políticas neoliberales que facilitan estos delitos.
También, para que los responsables políticos y empresariales sean juzgados con todo el peso de la ley.
De acuerdo con las investigaciones, un grupo de funcionarios públicos se reunían con miembros de empresas privadas, ganadoras siempre de las adjudicaciones y malversaron fondos públicos por 78 mil millones de colones, unos 128 millones de dólares.
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