Explicó que las indagaciones fueron ampliadas a todos los oficiales que trabajaron en los 13 últimos meses en la base naval del Callao, donde se encuentran la cárcel de máxima seguridad en la que también cumplen condenas mandos de grupos armados.
Montesinos utilizó el teléfono de la prisión, de uso restringido y bajo control, para coordinar un soborno a tres jueces electorales a fin de que reviertan el resultado del balotaje presidencial del 6 de junio último, ganados por el izquierdista Pedro Castillo, y hagan triunfadora a la derrotada Keiko Fujimori.
Esparch indicó que una indagación preliminar verificó que se incumplió el protocolo de control de las llamadas de Montesinos, a quien se permitió hablar por teléfono hasta por tres horas dos veces por semana.
Tras revelarse grabaciones de audio en las que Montesinos coordinaba el plan de soborno, la Marina confirmó que había hecho llamadas indebidas dos veces, por lo que dos oficiales fueron destituidos, pero la prensa reveló que, en realidad, fueron 17 llamadas en menos de una semana.
Al parecer el soborno no se hizo efectivo, pues el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no favoreció a Fujimori y esta impugna a la máxima corte electoral y reclama una auditoría internacional del balotaje, sin éxito porque los veedores extranjeros declararon normal y limpia la elección.
De otro lado, la ministra Esparch informó que, como parte de las pesquisas, se ha pedido a la empresa telefónica todos los números a los que llamó Montesinos, y si estos tienen posibilidad de desviar la comunicación a terceros.
Reveló también que Montesinos consiguió autorización judicial para recibir visitas en su celda, alegando que los de los alzados no podían compartir el espacio porque él dirigió la represión contra ellos bajo el Gobierno de mano dura de Alberto Fujimori (1990-2000), padre de Keiko.
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