En la apertura de la segunda etapa de la audiencia de apelaciones de las medidas cautelares dictadas contra los indiciados, quienes -según las investigaciones- habrían tejido una red que les permitió malversar fondos públicos estimados en 78 mil millones de colones, equivalente a unos 128 millones de dólares.
Por su parte, los abogados defensores coinciden en que la resolución de la letrada del Juzgado Penal de Hacienda fue debidamente fundamentada e insistió en que todas las personas pueden afrontar el proceso en libertad, con las medidas cautelares impuestas.
Adelantaron que esta etapa de la audiencia de apelaciones continuará mañana.
Hace dos semanas, ese tribunal decidió liberar a los 30 implicados en el denominado aquí caso Cochinilla, con solo algunas medidas cautelares para la mayoría de arrestados el 14 de junio pasado y fianza para solo dos de ellos, los dueños de las constructoras H.Solís, Mélida Solís, y Meco, Carlos Cerdas.
Este martes concluyó la primera etapa de la audiencia de apelación sobre las medidas cautelares respecto a la inhabilitación de cada uno de los funcionarios públicos implicados y a partir de hoy comenzará la segunda sobre fianzas, prohibiciones de salida del país y la libertad de las personas imputadas.
La liberación de todos los implicados en el caso de presunta corrupción en contratos de obras públicas causó indignación en Costa Rica, por la diferencia en la aplicación de la justicia, pues a una persona por sustraer siete picaritas (nachos) de un supermercado le imponen tres años de cárcel, mientras a los de cuello blanco los liberan.
Ese fallo también provocó malestar en diputados a la Asamblea Legislativa como José María Villalta, del Frente Amplio, quien afirmó que ‘es realmente preocupante la resolución que deja en libertad a los principales imputados del caso de corrupción en obras viales que tiene indignado al pueblo costarricense’.
Para evitar hechos similares en el futuro, Villalta presentó un proyecto de ley para que no se puedan aplicar fianzas como medida cautelar en casos de delitos de corrupción.
La iniciativa también daría acceso a jueces y juezas al Registro de Beneficiarios finales para que tengan información objetiva sobre el patrimonio de las personas investigadas.
msm/ale
