Según la JSF, impuesta por Washington para controlar las finanzas del gobierno puertorriqueño, el acuerdo permite que las diversas partes que se unan a él reciban la tarifa del plan enmendado, que será de 1,32 por ciento de las reclamaciones.
El organismo fiscal indicó que para recibir la tarifa, los inversores no minoritarios deberán presentar sus participaciones en un intercambio y recibir un bono con un número alternativo de identificación único asignado a las acciones y bonos registrados en los Estados Unidos y Canadá para crear una distinción concreta entre los valores que se negocian en los mercados.
De acuerdo con la Junta Fiscal, no es necesario que se liciten ni intercambien los bonos de OG, emitidos por el gobierno central puertorriqueño o por la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), en manos de asegurados o de las aseguradoras monolíneas.
Los tenedores minoritarios que posean menos de un millón en bonos pueden elegir ser parte de una clase minorista separada y recibir una tarifa idéntica, se explicó.
Aquellos bonistas que no son residentes de Puerto Rico generalmente están sujetos a un impuesto de retención sobre ciertos pagos recibidos en esta isla del Caribe, bajo el dominio colonial de Estados Unidos desde hace 123 años.
El acuerdo enmendado establece que la orden que confirma el plan de ajuste del gobierno de Puerto Rico contendrá una disposición de que los pagos o la amortización estén exentos de esa retención de impuestos.
Mientras, el gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, afirmó que está en la disposición de establecer un diálogo ‘de buena fe’ con la Junta de Supervisión Fiscal, luego de que la jueza Laura Taylor Swain aprobara en la víspera preliminarmente la declaración informativa del Plan de Ajuste del Gobierno.
‘Mi gobierno está disponible para dialogar de buena fe con la Junta para eliminar el recorte a las pensiones y buscar la manera de obtener la legislación necesaria’, expresó el mandatario en declaraciones escritas.
La JSF desea que se mantenga el recorte a las pensiones, lo que ha encontrado escollos, ya que en el pasado hubo una reducción en perjuicio de todos los jubilados.
En tanto, la jueza Taylor Swain falló a favor de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico al ordenar a la JSF divulgue concretamente que el Plan de Ajuste no pueda ser confirmado sin contar con el aval del gobierno puertorriqueño.
La deuda pública es superior a los 70 mil millones de dólares
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