Una comisión negociadora gubernamental de alto nivel renegociará el acuerdo con la subsidiaria de la multinacional canadiense First Quantum Minerals, que opera aquí la mayor mina de cobre de Centroamérica y el Caribe, tras una inversión de seis mil 700 millones de dólares.
En un comunicado distribuido a la prensa, la entidad confirmó su disposición al diálogo, que ‘debe sustentarse en el respeto a la seguridad jurídica y el estado de derecho’ para las partes y ‘confía en el potencial que tiene el país’, lo que demostró en la mayor inversión privada de la nación.
La concesión data de febrero de 1997, bajo una Ley aprobada por la Asamblea Nacional, pero muy criticada desde sus inicios porque solo exige entregar a las arcas públicas el dos por ciento de sus ingresos, mientras tras luchas legales en la Corte Suprema de Justicia y las sucesivas legislaturas parlamentarias, la actual administración revisará el contrato.
El diario La Estrella de Panamá reflejó la presentación de los negociadores, cuya misión es parte de la revisión de las políticas mineras, en especial la metálica, con la idea de firmar un nuevo contrato donde uno de los temas serán los aportes al erario.
‘La nueva política minera tendrá como clara prioridad la defensa de los intereses nacionales’, publicó en Twitter el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), cuyo titular, Ramón Martínez, encabezará el equipo negociador acompañado por otros tres ministros, un diputado y 15 expertos de diversas ramas.
El canal TVN, por su parte, al informar sobre el nuevo contrato, recordó que varios sectores manifestaron su desacuerdo con la actividad minera y el desarrollo de este tipo de proyectos, e incluso, ambientalistas realizaron varias protestas bajo la consigna ‘Panamá vale más sin minería’ y pidieron una ley de moratoria minera.
Sin embargo, en enero pasado la empresa realizó el foro ‘Minería: mitos y realidades’, e informó la posibilidad de extender la vida útil del proyecto de 40 a 70 años, con la exportación anual de 400 mil toneladas de concentrado de cobre.
El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, José Ramón Icaza, señaló este miércoles la importancia de que el marco regulatorio del sector minero sea fortalecido con el objetivo de incrementar la fiscalización sobre la extracción de estos recursos y que responda a una planificación económica del país.
La cantera y planta de procesamiento está en Donoso, en la norteña provincia de Colón, y su producción representa el 3,5 por ciento del Producto Interno Bruto del país, con un aporte a las cifras macroeconómicas de tres mil 697 millones de dólares anuales.
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