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Denuncian en Colombia desplazamiento de más de tres mil campesinos

Bogotá, 26 jul (Prensa Latina) El representante a la Cámara del Congreso de Colombia César Pachón denunció hoy la situación de más de tres mil personas desplazadas en Ituango, departamento de Antioquia, a causa del olvido del Gobierno.

‘Otra vez los campesinos víctimas de la guerra. Obligados a abandonar sus tierras. Un gobierno ausente que niega el conflicto. Es urgente que se habilite el aeropuerto para que lleguen las ayudas’, subrayó pachón, del Movimiento Alternativo Indígena y Social.

Desde el miércoles 21 de julio la población campesina comenzó el éxodo, fundamentalmente hacia el casco urbano de Ituango, donde muchas de las familias, en medio de la pandemia de la Covid-19, duermen en el piso, sin suficientes alimentos ni elementos de aseo, ropas, entre otros artículos de primera necesidad.

Los campesinos desplazados huyen atemorizados por la criminalidad de grupos paramilitares que se disputan los territorios.

De acuerdo con el Movimiento Ríos Vivos ‘lo que sucede en Ituango es un claro proceso de destierro sistemático. Las instituciones han sido incapaces de brindar atención digna para la población, salvaguardar la vida, evitar el desplazamiento y proteger los bienes privados de las familias’.

‘De manera sospechosa se observa como las instituciones se han encargado más de intentar ocultar la gravedad de la situación que de comprenderla y abordarla de manera estructural’, alertó el colectivo.

Subrayó que la situación es aún más crítica con el confinamiento generado por los deslizamientos de tierra, ocasionados por recientes lluvias, la inestabilidad de las vías y las inadecuadas intervenciones del megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango en la zona.

Ríos Vivos advirtió que la Fiscalía General de la Nación debe superar el estado de impunidad en que permanece el delito de lesa humanidad del desplazamiento forzado y judicializar a los responsables para impedir que esta situación se siga repitiendo.

‘Es preciso abordar las causas estructurales del desplazamiento, los intereses sobre el territorio y al servicio de quién están los grupos armados. El análisis sobre los títulos mineros, las rutas del narcotráfico, los cultivos de uso ilícito, el despojo de tierras y todos los escenarios posibles es fundamental. El Estado nos debe una explicación y hasta ahora se niega a dárnosla’, enfatizó.

mgt/otf

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