A inicios de junio los enfrentamientos entre bandas armadas por el control del barrio de Martissant, empujó a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares y reubicarse en plazas públicas, centros deportivos o casas de acogida, donde son víctimas de abuso sexual, denunció la representación de Naciones Unidas en el país.
Dos meses después, aun muchos no pudieron regresar a sus hogares mientras la ayuda del Gobierno y de organizaciones no gubernamentales se limitó de manera sustancial tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio.
‘Es una vergüenza para la República’, criticó Pierre al señalar que la ‘ayuda prestada está suspendida desde el magnicidio’, mientras la administración comunal no dispone de recursos financieros para alimentar a las mil 200 personas que lo perdieron todo.
El alcalde reveló que los desplazados se benefician de la ayuda de las congregaciones religiosas, en especial católicas y protestantes, y alentó a las autoridades a poner en marcha un plan de reubicación para los desplazados internos.
Además de los albergados en el polideportivo, cientos de personas entre los que figuran individuos con capacidades limitadas se encuentran refugiados en dos aulas de una escuela de Petion Ville, sin acceso al agua o una alimentación regular.
Organizaciones de derechos humanos advirtieron sobre la propagación de enfermedades como la Covid-19 entre estas poblaciones que duermen hacinados en el piso de la institución docente.
El recién instalado Gobierno del primer ministro Ariel Henry aun no se pronunció sobre la situación de los desplazados internos.
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