La Fiscalía y la Policía del Estado Plurinacional procedieron a la aprehensión de Soto, quien junto a su grupo armado es responsable de ataques a indígenas y mujeres de pollera, entre otras acciones delictivas.
Según medios locales, RJC también operó en motocicletas para atacar a sectores campesinos e indígenas que llegaron a la ciudad de Cochabamba para expresar su rechazo al golpe de Estado de Jeanine Áñez.
De igual modo, la organización paramilitar es responsable del secuestro, agresiones, corte obligado de cabello de la entonces alcaldesa de Vinto, Cochabamba, Patricia Arce, quien fue obligada a caminar descalza, además de sufrir humillaciones públicas.
La agrupación Resistencia Juvenil Cochala es investigada además por beneficiarse del desvío de combustible que realizaba la Séptima División de las Fuerzas Armadas en Cochabamba.
Las agresiones, ataques y abusos cometidos por integrantes de la RJC durante el gobierno de facto de Áñez, fueron denunciados en informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo.
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