La detonación del 4 de agosto de 2020 en la terminal portuaria catalizó la renuncia del gobierno encabezado por el ahora primer ministro interino, Hassan Diab, y desde entonces este país carece de un gabinete efectivo.
Por falta de conducción ante la peor crisis económica y financiera en décadas, sigue en su avance un anunciado colapso total.
Y en medio de esa situación, los llamamientos de las familias de los muertos y heridos por la catástrofe no mueven los resortes de la justicia que aun, a estas fechas, no señaló responsable o culpable alguno.
Ministerios, instituciones públicas y ayuntamientos y bancos permanecen cerrados hoy, mientras las banderas ondean a media asta.
Durante los últimos días, las protestas y sentadas de los familiares de las víctimas se concentraron en figuras clave para destrabar el nudo del proceso de investigación.
Esas manifestaciones exigen al ministro interino del Interior, Mohammad Fahmi, que dé curso a una petición de la justicia para una comparecencia del jefe de Seguridad General, Abbas Ibrahim.
Otras exigencias contemplan que el Parlamento levante inmunidad para tres exministros involucrados en el caso, convocados por el investigador Tarek Bitar.
El primer ministro designado, Najib Mikati, aspiraba a formar una alineación gubernamental antes del 4 de agosto como un regalo para los libaneses, pero no lo logró.
Los encargados de nominar el ejecutivo, Mikati y el presidente de la República, Michel Aoun, mantienen desacuerdos sobre la asignación de los Ministerios del Interior, Finanzas, Defensa y Relaciones Exteriores.
Al establecerse el próximo ejecutivo quienes ocupen esas posiciones tendrán a su cargo luchar contra la corrupción y el saqueo al erario característicos de anteriores administraciones gubernamentales.
De modo que ese reparto concentra la disputa por temor a que salgan a la luz los manejos sórdidos de la elite política gobernante, a la cual la percepción popular achaca todas las penurias socioeconómicas actuales.
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