La detención de Nina, su pareja, Walter Huamán, y otros seis funcionarios del municipio ubicado en el lado sur de la ciudad, estuvo a cargo del Ministerio Público y la División de Investigación de Delitos de Alta Compejidad (Diviac) de la Policía.
Versiones periodísticas señalan que Huamán tiene una empresa a la que el municipio compraba prácticamente todo lo que necesitaba.
Un total de 200 policías y 28 fiscales allanaron además cinco locales de la municipalidad de San Juan de Miraflores y cuatro de empresas privadas involucradas, tanto en Lima como en las regiones norteña de Lambayeque y selvática de San Martín.
Según las investigaciones confidenciales realizadas con anticipación, los detenidos conformaban, junto a otros ocho aún no apresados, una organización delictiva, indicó el ministro del Interior, Juan Carrasco.
La Policía imputa a los capturados el cobro de sobornos por adjudicación irregular de obras, la reapertura de negocios clausurados y por compras de alimentos con precios sobrevalorados, para familias necesitadas durante el confinamiento general contra la Covid-19.
La organización, según los fiscales, cometió presuntamente los delitos de integrar un ente criminal, peculado por apropiación, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias en perjuicio del Estado.
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