Murillo dirigió esa cartera para la administración de facto de Jeanine Áñez que resultó del golpe de Estado en 2019 contra el presidente constitucional Evo Morales.
El diario Opinión recordó que la exautoridad enfrenta hasta 20 años de prisión si las leyes estadounidenses lo encuentran culpable de los cargos que le imputan, no obstante esa posibilidad se mantiene como persona de interés para la justicia boliviana.
Murillo, señaló la agencia de noticias ABI, podrá defenderse en libertad tras aceptar una fianza de 250 mil dólares, y mas allá del actual proceso es objeto de un proceso de extradición a su país de origen.
El extitular de Gobierno es prófugo de la justicia boliviana, ante la que deberá responder además por su responsabilidad en la muerte de decenas de compatriotas, cientos de heridos y detenidos en los actos de represión en los días posteriores a la asonada.
Por eso, están presentes en el proceso legal varios abogados en representación de la justicia boliviana, entre ellos Thomas Becker, conocido por representar a los familiares de las víctimas del llamado Octubre negro en 2003, en el juicio al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
El gobierno inconstitucional de Áñez tramitó la compra de gases lacrimógenos para la policía en el contexto de las manifestaciones a favor del defenestrado presidente Morales.
La adquisición de dicho material fue respaldada por tres Decretos Supremos, y concretada a través del Ministerio de Defensa, según las investigaciones el sobreprecio dio un margen de ganancias no declaradas de unos 2,3 millones de dólares. En Bolivia son investigadas una veintena de personas por el referido caso, quienes de acuerdo con el proceso deben responder por hasta siete delitos.
Entre ellos sobresalen la expresidenta Áñez, ya en prisión; Murillo, y el entonces ministro de Defensa, Fernando López, también prófugo de la justicia boliviana.
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